(San Juan, Puerto Rico- 29 de mayo de 2025) La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), publicó nuevos hallazgos que revelaron que más del 90 por ciento de los reglamentos legislativos de entidades gubernamentales del ejecutivo, no han sido revisados conforme a la normativa aplicable. Según un estudio realizado, se identificó el incumplimiento de 78 dependencias con la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
“El estudio reveló que, de los 2,986 reglamentos registrados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado, 2,700 reglamentos no habían sido revisados en más de cinco años, incumpliendo la Sección 2.19 de la Ley Núm. 38-2017, que establece la obligación de revisar periódicamente los reglamentos para garantizar que sigan promoviendo la política pública y cumpliendo con la legislación vigente”, apuntó el informe.
Las agencias con mayor cantidad de reglamentos por revisar son el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH); el Departamento de Hacienda (DH); el Departamento de Agricultura (DA); la Junta de Planificación (JP); la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA); la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
El informe de la OIG explicó que la falta de revisión de reglamentos podría generar contradicciones con la legislación vigente, modificaciones en la política pública o cambios en la estructura gubernamental, afectando la coherencia normativa. Asimismo, indicó que los reglamentos sin revisar podrían dificultar la interpretación y aplicación de las regulaciones que afectan a terceros, lo que podría causar incumplimientos involuntarios y afectar derechos y obligaciones.
“La existencia de reglamentos desactualizados en el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado impide el acceso a información confiable sobre el marco regulador vigente, afectando la rendición de cuentas”, resaltó el resultado del estudio.
Entre las posibles causas del estado actual de los reglamentos, la OIG señaló podría deberse a la falta de procesos formales en las agencias destinados a la revisión de esta documentación. Al mismo tiempo, el documento señaló que la ausencia de mecanismos de monitoreo por parte del Departamento de Estado ha permitido que numerosos reglamentos permanezcan sin revisión por períodos prolongados.
Asimismo, la OIG identificó otras deficiencias en el Registro de Reglamentos del Departamento de Estado, donde varias entidades reportaron discrepancias, incluyendo reglamentos derogados aún clasificados como vigentes y falta de actualización sobre cambios en la estructura gubernamental. El Departamento de Estado confirmó que el registro depende de la información provista por las agencias y carece de un mecanismo formal de verificación periódica, lo que afecta la transparencia y genera incertidumbre jurídica.
Al mismo tiempo, la OIG reconoció como parte del estudio la aprobación de las Órdenes Ejecutivas OE-2025-009 y OE-2025-023, promulgadas por la gobernadora de Puerto Rico, Honorable Jenniffer A. González Colón, las cuales establecieron una política pública dirigida a la revisión y actualización de las estructuras gubernamentales y la creación de un Coordinador de Eficiencia que, entre sus funciones, realizará una revisión abarcadora de procedimientos y regulaciones obsoletas o redundantes, respectivamente.
“Las recomendaciones de la OIG han sido ajustadas a las funciones de preintervención, monitoreo y fiscalización que le competen, enfocándose en dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de cada entidad bajo la Orden Ejecutiva, y en velar porque los procesos de revisión y actualización administrativa se realicen con transparencia, efectividad y conforme a los principios de buena gobernanza”, destacó el informe reconociendo la importancia de la ejecución de lo establecido en la Orden Ejecutiva (OE-2025-023).
Levantan bandera sobre la falta de normativas internas
Por otro lado, la investigación encontró deficiencias en la actualización de normativas internas de áreas operativas y administrativas. En especial, halló falta de procesos dirigidos a garantizar la revisión de reglamentos no legislativos, tales como manuales, normas y cartas circulares. Asimismo, en otras instancias, la OIG documentó que no existían normativas para atender aspectos en áreas administrativas.
La OIG detalló que los hallazgos sobre las normativas internas surgieron luego de una extensa revisión sobre documentos que regulan procesos de compras, subastas, propiedad y equipo, manejo de flota y uso de vehículos oficiales, contratación de servicios profesionales y consultivos, junta de directores, pre-intervención de facturas, y manejo de documentos fiscales.
“Aunque no existe un mandato legal específico para la revisión de normativas internas, es una mejor práctica que la dependencia gestione revisiones periódicas para garantizar que estas sean efectivas y relevantes en relación con la política pública delegada a la dependencia gubernamental”, indicó el reporte.
El estudio reveló que hasta 44 entidades presentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un período razonable, afectando un total de 327 normativas. Asimismo, 35 entidades carecían de normativas en una o más áreas operacionales fundamentales. Por otro lado, entre los hallazgos, se identificó que, de las 86 entidades evaluadas, faltaban 216 normativas internas sobre procesos administrativos y operacionales. La OIG destacó que la ausencia de políticas impide la estandarización de procedimientos, lo que aumenta el riesgo de decisiones discrecionales y genera vulnerabilidades en la administración pública.
