En el Día Internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Kilómetro Cero y unas diez familias de personas muertas a manos del Estado denunciaron las muertes ocasionadas por el uso de la fuerza policial en Puerto Rico y enviaron una carta al Departamento de Justicia exigiendo acción. La falta de investigaciones independientes y confiables así como de rendición de cuentas continúa perpetuando la impunidad, generando dolor entre las familias de las víctimas y desconfianza en las instituciones policiales.
“Tanto la violencia letal de agentes del Estado como la ausencia de acciones legales que atajen la impunidad representan claras violaciones de derechos humanos como son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; el derecho a buscar justicia; a un debido proceso de ley y a la presunción de inocencia”, lee la carta firmada por diez madres y familiares de víctimas fatales, así como por la organización Kilómetro 0. “La impunidad también sostiene la desconfianza pública en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la protección de la vida”.
Durante la conferencia de prensa, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, afirmó: “Una de las acciones más peligrosas para una democracia es que normalicemos que el Estado nos mate. En Kilómetro 0 llevamos años documentando y denunciando un patrón de exceso y desproporcionalidad del uso de la fuerza policial. La falta de acción de parte de las instituciones del Estado es inaceptable. La violencia policial en Puerto Rico genera muertes, y estas muertes le competen a cada persona y a cada institución pública. Las vidas de la gente son un asunto de derechos humanos que siempre se debe priorizar, no normalizar y justificar sus muertes. Hoy, junto a estas madres, hermanas y tías cuyas vidas nunca han vuelto a ser las mismas, hacemos un llamado al País y a las autoridades para que prioricen la justicia y los derechos humanos”.
Las familias presentes denunciaron que en muchos de estos casos, las investigaciones o no se realizan o no se llevan a cabo de manera adecuada, se les niega información fundamental, en algunos casos se les intimida y los responsables nunca enfrentan consecuencias por sus acciones, ni en el ámbito criminal ni en el administrativo. Las familias de las víctimas se ven obligadas a luchar por alguna migaja de información y de acción en un sistema que parece priorizar la protección de los agentes de la ley sobre la justicia para las víctimas.
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