Federales acusan a tres personas acusadas formalmente de tráfico ilegal de armas de fuego
SAN JUAN, Puerto Rico – Un gran jurado federal emitió una acusación formal de tres cargos contra tres individuos por conspiración para participar en el tráfico ilegal de armas de fuego, anunció Héctor Ramírez-Carbó, Fiscal Federal Interino para el Distrito de Puerto Rico.
Según los documentos judiciales, a partir de una fecha no determinada pero a más tardar el 18 de septiembre de 2025, Jean Paul Rivera-Vega, Christian Sebastián García-De Jesús y Misael Costales-Soto conspiraron y acordaron, a sabiendas y voluntariamente, dedicarse al negocio de compraventa de armas de fuego sin licencia. Los acusados Jean Paul Rivera-Vega y Misael Costales-Soto adquirieron armas de fuego y municiones de titulares de licencias federales de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés) —autorizados bajo las disposiciones del Capítulo 44 del Título 18— afirmando falsamente que ellos eran los compradores reales de dichas armas.
El acusado Jean Paul Rivera-Vega vendió armas de fuego a terceros con fines de lucro, incluyendo al acusado Christian Sebastián García-De Jesús, quien no estaba autorizado para comprar ni poseer armas de fuego y municiones provenientes de FFL, ya que carecía de una licencia válida emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. García-De Jesús revendió las armas y municiones a individuos desconocidos con fines de lucro. Los tres acusados negociaron las ventas y transferencias de armas de fuego entre sí principalmente a través de mensajes, videos y grabaciones de audio de WhatsApp.
Entre abril y diciembre de 2025, Rivera-Vega compró 144 armas de fuego a FFL y mediante ventas privadas. De esas 144 armas, se han recuperado aproximadamente 16. Las autoridades desconocen el paradero de las 128 armas restantes. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, Costales-Soto compró aproximadamente 24 armas de fuego a FFL y mediante ventas privadas. De esas 24 armas, se han recuperado aproximadamente 4. Las autoridades desconocen el paradero de las 20 armas restantes. La investigación continúa.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para participar en el tráfico de armas de fuego sin licencia y por dedicarse al negocio de compraventa de armas de fuego sin licencia; asimismo, Costales-Soto está acusado de hacer declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego. De ser condenados, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos de tráfico de armas de fuego y a diez años de prisión por las declaraciones falsas. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices Federales para la Imposición de Penas de los EE. UU. y otros factores legales pertinentes.
«La acusación formal de hoy representa un avance significativo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico de armas de fuego en Puerto Rico», declaró el fiscal federal interino Héctor Ramírez-Carbó. «Continuaremos investigando y procesando a cualquier persona involucrada en la venta no autorizada de armas de fuego, actividad que con demasiada frecuencia facilita la comisión de delitos violentos en nuestras comunidades. Este esfuerzo conjunto fortalece nuestra estrategia de prevención de delitos violentos al detener a quienes ponen armas de fuego en manos de delincuentes».
«El tráfico ilegal de armas de fuego amenaza la seguridad de las comunidades en todo Puerto Rico y, con demasiada frecuencia, pone armas en manos de personas que las utilizan para cometer delitos violentos», afirmó Jason Stankiewicz, agente especial a cargo de la División de Campo de Miami de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). «La ATF mantiene su compromiso de trabajar junto a nuestros colaboradores para identificar y exigir responsabilidades a los individuos que alimentan la violencia armada en toda la isla».
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) está a cargo de la investigación.
