Surge de un estudio realizado por la OIG que la falta de recursos y personas ha limitado el manejo de reclamaciones recibidas
San Juan, Puerto Rico- Un estudio realizado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reflejó limitaciones en la gestión realizada por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), que impiden la ejecución plena de las facultades conferidas en ley y solución de controversias administrativas en beneficio de la población que atiende.
Surge de la evaluación realizada que OPPEA, recibe una gran cantidad de reclamaciones de ciudadanos solicitando la intervención para atender distintas situaciones que afectan a la población envejeciente. Entre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 la OPPEA registró haber recibido 26,423 peticiones, de las cuales indican que han resuelto un total de 11,261. Las peticiones resueltas se dividen de la siguiente manera: 58% (6,512) de maltrato, 26% (2,902) de explotación financiera, 8% (892) negligencia propia y (858) delitos y 1% (97) restricción de derechos.
Sin embargo, OPPEA canaliza la mayoría de las reclamaciones recibidas, mediante referidos a otras entidades Gubernamentales como la Administración de Familias y Niños (ADFAN), al Departamento de Familia, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
En algunas instancias se observó que el proceso para completar o cerrar un caso recibido pudo tomar periodos que sobrepasaron los 200 días. De los casos evaluados se identificó que algunos se cerraban por causas como fallecimiento de la persona envejeciente o que el tribunal había una intervención de la Rama Judicial para atender la controversia. Además, la procuradora auxiliar de Protección y Defensa de OPPEA, expresó a la OIG, que la demora del proceso se debe a que existen trámites en las otras agencias que limitan la agilidad de la información.
Del estudio realizado por la OIG y el análisis de las reclamaciones se recogen datos que ponen en descubierto la vulnerabilidad y problemas de las personas de edad avanzada, fatiga de los cuidadores, posibles casos de maltrato institucional en centros de cuido. La OIG está impedida de divulgar los datos confidenciales que forman parte de las reclamaciones a la OPPEA, no obstante, se recomienda que la OPPEA, conforme a las reclamaciones recibidas pueda realizar un estudio actualizado de las necesidades que enfrenta la población de edad avanzada, que a su vez refleje recomendaciones de posible legislación o solicitud de recursos que permitan canalizar esfuerzos de manera efectiva, conforme a las disposiciones el Art. 8 de la Ley 76-2013.
Otro aspecto relevante es que la OPPEA no cuenta con oficiales examinadores para poder llevar a cabo los procesos adjudicativos que tiene la facultado en Ley, lo que limita a la OPPEA en su deber de emitir multas o sanciones administrativas en aquellas situaciones que constituyan una violación a cualquiera de las leyes o reglamentos bajo la autoridad de la oficina.
La Procuradora de la OPPEA, expresó que realizó las gestiones de solicitud de los puestos de oficial examinador a Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), pero no recibió autorización para llenar las vacantes, por asuntos presupuestarios.
La OIG recomendó a la OPPEA que continúen las gestiones necesarias para solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto los fondos necesarios para nombrar los Oficiales Examinadores, de manera que se logren ejecutar las importantes funciones adjudicativas delegadas a la agencia en beneficio de la población de edad avanzada.
De usted conocer sobre actos que podrían poner el peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la OIG a nuestra línea confidencial 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov o a través de nuestra página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
