“La UPR reconoce y respeta el derecho de sus empleados a expresarse y manifestarse sin embargo, es importante poner esta controversia en su justa perspectiva”, dice la presidenta

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“La Universidad de Puerto Rico reconoce y respeta el derecho de sus empleados a expresarse y manifestarse. Sin embargo, es importante poner esta controversia en su justa perspectiva.

La responsabilidad fundamental de la Universidad, como patrono, es garantizar que nuestros empleados cuenten con una cubierta médica adecuada y que ese beneficio se mantenga sin interrupciones. Precisamente por esa razón, la Universidad actuó con carácter de urgencia para proteger a sus trabajadores y sus familias, y hoy nuestros empleados cuentan con cubierta médica.

También es importante aclarar que la Universidad no ha impuesto una aseguradora. La selección de un plan médico debe completarse mediante un proceso competitivo que cumpla con las normas y procedimientos aplicables. Ante la situación surgida con el proceso presentado por el Sindicato, la Universidad tuvo la responsabilidad de procurar una alternativa que garantizara la continuidad de la cubierta mientras se completa correctamente el proceso de selección.

La selección y contratación de una aseguradora constituye una responsabilidad administrativa que debe ejercerse con rigor, tomando en consideración la calidad de la cubierta, los beneficios ofrecidos, su costo y el uso adecuado de los recursos de la Universidad. Cuando es el patrono quien asume la responsabilidad económica de esa contratación, tiene también el deber de procurar las mejores condiciones disponibles para sus empleados y para la institución, en cumplimiento con las normas aplicables y con su responsabilidad en el manejo adecuado de los fondos públicos.

El Sindicato tuvo ante sí varias alternativas y, ante la insatisfacción de su presidente con las opciones presentadas, la Universidad procuró que los empleados no perdieran su beneficio de cubierta médica. Para ello, estableció una solución temporera mientras se completa correctamente el proceso competitivo para la selección del plan médico.

Por eso resulta innecesario que un grupo reducido de empleados interrumpa sus labores por una controversia relacionada con qué compañía debe ofrecer el plan médico, cuando el beneficio esencial que se buscaba proteger —la cubierta médica de los trabajadores— está garantizado.

Más aún, estas interrupciones están teniendo consecuencias directas sobre los servicios que la Universidad presta a la ciudadanía. En el Recinto de Ciencias Médicas, la interrupción de labores afectó hoy los servicios programados para aproximadamente 750 pacientes. De continuar la interrupción mañana, se anticipa un impacto similar sobre cientos de pacientes que dependen de estos servicios.

El ejercicio legítimo del derecho a manifestarse no debe traducirse en la paralización de servicios ni en perjuicio para nuestros estudiantes, pacientes y ciudadanos. La Universidad continuará cumpliendo con su responsabilidad de proteger a sus empleados, administrar responsablemente sus recursos y garantizar la continuidad de sus servicios”.

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