17 miembros de una organización de narcotráfico, acusados de delitos de narcotráfico y violaciones relacionadas con armas de fuego en Aguadilla, Puerto Rico, como parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés)
SAN JUAN, Puerto Rico – El 21 de octubre de 2026, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 17 miembros de una organización delictiva en Aguadilla. Los cargos incluyen conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión y distribución de dichas sustancias, así como violaciones relacionadas con armas de fuego, según anunció Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico. Esta investigación fue liderada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fuerza de Choque de Aguadilla del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), con la colaboración del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, la iniciativa de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca.
«Las organizaciones de narcotráfico, como la que se describe en la acusación de hoy, causan un daño profundo a nuestras comunidades: alimentan la adicción, envenenan a nuestra juventud, siembran el miedo y ponen en peligro vidas inocentes», afirmó el fiscal federal interino Ramírez Carbó. «Las detenciones de hoy envían un mensaje claro a quienes ponen en riesgo nuestros vecindarios mediante el narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego: serán identificados, su organización será desmantelada y pagarán las consecuencias. Seguiremos trabajando junto a la DEA y nuestros socios de las fuerzas del orden que integran el HSTF para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las comunidades en Puerto Rico. La operación de hoy, además, complementa la campaña ‘Red Ribbon’ (Cinta Roja) de la DEA, que promueve comunidades más seguras y una vida libre de drogas».
«La ‘Operación Los Tíos’ envía un mensaje contundente: la misión de la DEA abarca todo Puerto Rico. Ninguna comunidad en la isla está fuera de nuestro alcance, y ninguna organización de narcotráfico está fuera del alcance de la justicia», declaró Michael Mayer, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA. «A través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force), la DEA y nuestros socios a nivel federal, estatal y local, estamos aunando nuestra inteligencia, recursos y capacidades operativas para desmantelar organizaciones criminales violentas. Nuestro compromiso con la seguridad pública abarca todo Puerto Rico; en cada municipio, continuaremos trabajando unidos para proteger a nuestras comunidades y llevar ante la justicia a quienes las amenazan».
La acusación formal sostiene que, a partir de 2022, la organización de narcotráfico distribuyó heroína, base de cocaína (crack) y fentanilo en un radio de 1,000 pies del proyecto de vivienda pública (PHP) Las Muñecas, en Aguadilla, y sus alrededores, todo ello con el fin de obtener importantes beneficios económicos.
El objetivo de la conspiración era la distribución de sustancias controladas —tanto al por mayor como al por menor— y el tráfico de armas de fuego ilegales en Aguadilla y sus zonas aledañas. Operaban puntos de venta de drogas en diversos proyectos de vivienda y sectores dentro o cerca de Aguadilla. Los acusados se comunicaban entre sí mediante radios de dos vías, teléfonos celulares, mensajería instantánea y plataformas de redes sociales. Los cabecillas celebraban reuniones para resolver conflictos, impartir instrucciones y tratar asuntos de interés para la organización de narcotráfico.
Se alega que los miembros de la organización de narcotráfico participaron en actos violentos, incluidos tiroteos y asesinatos, con el fin de promover sus operaciones de narcotráfico.
Los acusados desempeñaban distintos roles para alcanzar los objetivos de la conspiración de narcotráfico, tales como cabecillas, dueños de puntos de venta de drogas, encargados de hacer cumplir las normas de la organización, mensajeros, vendedores, vigilantes y facilitadores. Seis (6) de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego en relación con un delito de narcotráfico; uno (1) de ellos enfrenta, además, un cargo por posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico.
Los acusados señalados en la acusación formal son:
[1] Alexander Torres Cintrón, a.k.a. “Guesito/Huesito”
[2] Jonathan Pérez Cintrón, a.k.a. “Jona,”
[3] Fernando M. Pagán Flores, a.k.a. “Pri/P”
[4] Wesley Ortiz-Soto, a.k.a. “Wes/Negro”
[5] Jesús Román Marrero, a.k.a. “Chucky”
[6] Jeremy D. Medina Acevedo, a.k.a. “Oscuridad”
[7] Edwin Y. Santiago Marín, a.k.a. “Yadi/Yadiel/Pacho”
[8] Christian Rivera Cardona, a.k.a. “Romántico”
[9] José Rosario Bermúdez, a.k.a. “Joker”
[10] Yan P. Serrano Vizcarrondo, a.k.a. “Domi/Pipi”
[11] Efraín Colón Morales, a.k.a. “Cholón”
[12] Lizbeth Dávila Pedrasa, a.k.a. “Lizbeth/Chispa”
[13] Bryan Tosado Pedraza, a.k.a. “Chancla/Pichi”
[14] Kelvin Torres De Lancer, a.k.a. “Troko”
[15] Jorge Christian Acevedo Pérez
[16] Ángel L. Román García, a.k.a. “Iche”
[17] Raynell Caravallo Vázquez, a.k.a. “Raynell”
La fiscal federal adjunta (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefa de la División de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero, Myriam Y. Fernández, junto con el fiscal federal adjunto Andrés Orr, están a cargo de la acusación en este caso. De ser declarados culpables de los cargos relacionados con drogas, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Si resultan condenados tanto por los cargos de drogas como por los cargos relacionados con armas de fuego incluidos en el quinto cargo (Count Five), los acusados enfrentan una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua. El acusado señalado en el sexto cargo (Count Six) por posesión de ametralladoras en relación con el narcotráfico enfrenta una pena mínima obligatoria de treinta años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta por los cargos de narcotráfico. Todos los acusados enfrentan una solicitud de decomiso de bienes derivados del narcotráfico por un valor de $4,334,375.
Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, titulada «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión». El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a desmantelar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones delictivas transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes, el HSTF emplea toda la capacidad de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, las cuales han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desarrollo de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que afectan a la infancia. Asimismo, el HSTF utiliza todos los recursos disponibles para procesar y expulsar de los Estados Unidos a los extranjeros que cometen actos delictivos violentos. El HSTF en San Juan está integrado por agentes y funcionarios de las siguientes entidades federales: el FBI, ICE-HSI, CBP (OFO, AMO y la Patrulla Fronteriza), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la DEA, la ATF, el IRS, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. HIDTA de las Islas Vírgenes, la TSA, la FAA y las Fiscalías Federales (U.S. Attorney’s Offices) para los distritos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La HSTF también cuenta con la participación de las siguientes agencias estatales y locales de las fuerzas del orden: el Departamento de la Policía de Puerto Rico; las Policías Municipales de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce; el Programa contra el Narcotráfico de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda de Puerto Rico; la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
Una acusación formal es simplemente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
