San Juan, Puerto Rico – La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) acude con urgencia a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que tome pronta acción ante la situación crítica que enfrentan miles de estudiantes con autismo en el sistema público de educación. Esta población es impactada fuertemente por condiciones que afectan su desarrollo académico y socioemocional por lo que la continuidad de sus servicios es esencial.
El Departamento de Educación de Puerto Rico utilizó fondos federales de reconstrucción para sufragar los servicios estipulados bajo el concepto de Remedio Provisional. La cancelación abrupta del acceso a estos fondos, por el Gobierno Federal, dejó un vacío presupuestario significativo.
Esta carga económica fue traslada repentinamente al Gobierno Estatal, quien ahora debe asumir la responsabilidad total de cubrir estos servicios esenciales, tales como: Terapias del habla y lenguaje, ocupacionales, psicológicas, apoyos académicos y conductuales individualizados. Estos servicios, adquiridos mediante mandatos legales y constitucionales, desempeñan un rol fundamental para que los menores puedan alcanzar su máximo potencial. Aunque la población general de educación especial ha disminuido debido la emigración provocada por desastres naturales, los diagnósticos con autismo se han mantenido en constante crecimiento y de forma acelerada, lo cual es más alarmante si nuestro sistema de educación no cuenta con los fondos para apoyar esta comunidad estudiantil.
Durante el año escolar 2012-2013 los estudiantes con autismo representaban el 2.64% de la matrícula de educación especial, para el año escolar 2024-2025 esta cifra ha escalado al 13.75%, reflejando un cambio demográfico que no puede ser ignorado. Más aún, en abril del 2025 la Red de Monitoreo de Autismo y Deficiencias en el Desarrollo en Puerto Rico (PR-ADDM), actualizó sus datos de prevalencia de autismo en la Isla, revelando que, durante el 2022, 1 de cada 38 niños de 8 años (2.6%) fue identificado con autismo. Aún más inquietante, entre los niños de 4 años, la prevalencia aumentó a 1 de cada 21 niños (4.7%). Tras este crecimiento exponencial necesitamos una redistribución de fondos que permita desarrollar un sistema de educación robusto y con mayores recursos tanto para este año como para el próximo año 2025-2026.
La comunidad con autismo necesita servicios que requieren mayor frecuencia y abarcan múltiples áreas del desarrollo. Eso hace que su costo sea significativamente más alto que el de otros servicios educativos y terapéuticos, por lo que exhortamos a la Junta a evaluar con prioridad el bienestar de nuestros niños. Invertir en su desarrollo no solo es una responsabilidad moral y legal, sino también una decisión estratégica para el futuro del país.
Para más información o conocer sobre la Alianza de Autismo de Puerto Rico puede visitar www.alianzaautismo.com
