19 de julio de 2023- El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se expresó receptivo ante la posibilidad de que se aprueben proyectos de ley que enmiende la sección de inversionistas residentes en la Ley 60, pero siempre y cuando se tenga en consideración el impacto económico de cualquier cambio.
“Lo que hemos recomendado en el pasado es que se le otorgue un poco más autonomía al Departamento de Hacienda en poder revocar casos. Mucho se ha adelantado con el secretario (del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel) Cidre sobre esto. Incluso los procesos administrativos de relación de estos casos se llevan en el Departamento de Hacienda”, dijo.
Parés Alicea sostuvo que la política pública del gobernador Pedro Pierluisi reconoce la aportación económica de estos inversionistas “cuando se ejecutan bien y se cumplen”.
“Todo cambio en legislación debe observar la importancia de las implicaciones económicas”, insistió. “Cualquier enmienda para mejora, bienvenida sea”.
Parés Alicea sostuvo que antes de llegar a la agencia había cero fiscalización de los decretos aprobados, cero tasaciones y cero intervención de las agencias concernidas.
Ahora, según dijo, son 470 decretos con algún tipo de intervención. De esa cifra, 129 fueron declarados nulos y no entraron en efecto, mientras que en 11 se notificó de error matemático por $11 millones. Sostuvo que hay 66 casos adicionales bajo el Negociado de Auditoría Fiscal y que, hasta el momento 12 casos han resultado en una tasación de $13 millones.
El Secretario de Hacienda, de otra parte, dijo que le sorprendió la alegada sorpresa de los medios de comunicación en el contexto de la cobertura que se le ha dado a la confirmación que hiciera el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de que está colaborando con el gobierno de Puerto Rico para investigar unos 100 individuos que pudieran estar evadiendo contribuciones.
Específicamente, se trata de beneficiarios de decretos al amparo de la Ley 60 que buscan no pagar contribuciones federales viviendo más de la mitad del año en la isla. Sin embargo, no están cumpliendo con ese requisito de residencia contemplado en la ley y tampoco están rindiendo contribuciones al fisco federal.
“Me sorprendió que fuera sorpresa, valga la redundancia. No debe ser sorpresa que se esté fiscalizando”, dijo Parés Alicea al recordar que en el 2021 la agencia que dirige emitió un boletín informativo en que divulgaba que personas con decretos de este tipo serían parte de una campaña de auditorías.
Mencionó también que ese año de divulgó un comunicado conjunto entre la rama de investigaciones del IRS y Hacienda en que se anunciaba la creación de un equipo de trabajo encargado de hacer pesquisas sobre contribuyentes.
