Hombre fue condenado a quince años de prisión por posesión con intención de distribuir cocaína, crack, fentanilo, marihuana y heroína a nivel federal

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SAN JUAN, Puerto Rico – El 26 de marzo de 2026, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado-Colón, sentenció a Carlos Manuel Cotto-Cruz a 188 meses (quince años y ocho meses) de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, por posesión con intención de distribuir cocaína, crack, fentanilo, marihuana y heroína en el marco de un delito de narcotráfico.

Tras un juicio con jurado de cinco días que concluyó el 14 de marzo de 2025, el acusado fue declarado culpable. Durante el juicio, la fiscalía presentó numerosos testigos para demostrar la participación del acusado en las actividades de narcotráfico imputadas.

Tras una búsqueda que duró seis meses, el 7 de mayo de 2021, la Policía de Puerto Rico (PPPR) apresó a Carlos M. Cotto-Cruz en el barrio El Gato de Orocovis, Puerto Rico. Cotto-Cruz se había estado escondiendo allí desde febrero de 2021. Durante el arresto, los agentes encontraron cantidades de narcóticos suficientes para su distribución, incluyendo heroína, cocaína, crack, fentanilo, pastillas recetadas y marihuana. Además de estas drogas, también hallaron herramientas para el narcotráfico, como dos máquinas de envasado al vacío, una máquina contadora de billetes, bolsas de diferentes tamaños, miles de frascos y tapas, y papel de aluminio para envolver.

La sentencia impuesta por la jueza Delgado-Colón se cumplirá consecutivamente a cualquier sentencia impuesta a nivel local, ya que el acusado tiene cargos de homicidio pendientes en un tribunal local.

El tribunal también impuso una pena consecutiva de 24 meses de prisión en relación con la revocación de una condena federal previa por delitos de drogas y armas de fuego de 2015, dado que el acusado cometió el nuevo delito mientras se encontraba en libertad condicional bajo supervisión federal.

Este caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Los fiscales federales adjuntos Corinne Cordero y Joseph Russell, junto con Jeanette Collazo, jefa de la División de Delitos Violentos, llevaron el caso.

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

 

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