En un inédito ejercicio de participación legislativa y empresarial, líderes del sector privado expusieron hoy recomendaciones directas sobre el sistema contributivo, la transición energética, el marco laboral y la infraestructura hídrica de Puerto Rico.
Con el firme propósito de asegurar que las experiencias e inquietudes del sector productivo sean consideradas en la redacción de las leyes que rigen el ambiente de negocios en Puerto Rico, los salones de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA por sus siglas en inglés) recibieron hoy la Vista Ocular Conjunta bajo la Resolución de la Cámara 456 (R. de la C. 456).
Los trabajos reunieron a la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia, presidida por el Representante Ángel Morey Noble, y a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes para abrir una mesa legislativa para evaluar posibles enmiendas, derogaciones o nueva legislación orientada a fortalecer el clima para hacer negocios y promover la eficiencia gubernamental en la isla.
El intercambio discurrió a través de cuatro ejes estratégicos para para el crecimiento económico de la Puerto Rico, incluido el del Sistema Contributivo y Cargas de Cumplimiento. Durante el primer turno, la discusión se concentró en la burocracia municipal del Impuesto sobre Ventas y Uso y las cargas del Fondo del Seguro del Estado, categorizándolas como “impuestos directos a la empresa privada”. El licenciado y CPA Carlos Serrano, presidente del Comité de Política Fiscal de PRMA, advirtió que la propuesta de redistribuir sobrantes fiscales no sustituye un verdadero plan de desarrollo económico e instó a dirigir esos recursos a la adquisición de equipo e incentivos de capital. Al respecto, Morey Noble defendió su propuesta de redirigir sobrantes fiscales a la clase media y comercios, al tiempo que el Lcdo. Kenneth Rivera, secretario de la Junta de Directores de los Industriales, declaró que el sistema actual resulta “incomprensible para el ciudadano común”, abogando por planillas con reglones específicos precompletados conforme al historial del contribuyente y depreciación acelerada.
En el ámbito energético, la postura institucional de la PRMA fue categórica en rechazar un retorno al monopolio estatal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La licenciada Eidalia González, en representación del Comité de Energía de la PRMA, enfatizó que es necesario establecer métricas estrictas y transparencia sin romper la estabilidad jurídica del país. Expuso, además, el rechazo a retomar el modelo donde la corporación pública monopolice la red, tras señalar que “ese modelo quebró la corporación pública”. Reclamó celeridad en los proyectos de baterías de Genera PR y estricta fiscalización, advirtiendo que “rechazar la cancelación de contratos no equivale a dar un cheque en blanco a los operadores privados”. Asimismo, solicitó rapidez en el Plan Integrado de Recursos (PIR) y cautela respecto a la energía nuclear por sus costos e impacto en el consumo de agua.
El Lcdo. Rubén Ríos, director de Alianzas Estratégicas de la PRMA, advirtió que “la constante incertidumbre y litigio en el sistema energético neutraliza los atractivos de relocalización a Puerto Rico (reshoring), provocando que multinacionales consideren otras opciones como Costa Rica y República Dominicana. A su vez, el secretario de la junta de la PRMA subrayó que la principal traba para la reconstrucción del sistema sigue siendo el litigio del Título III en la corte de quiebras federal. Frente a esto, el representante Ángel Morey defendió la inclusión formal de pequeños reactores modulares (SMR) mediante el Proyecto de la Cámara 1092 como una alternativa de carga base rentable frente a los combustibles fósiles.
En el análisis del mercado de trabajo, Georyanne Ríos y la representación del Comité de Capital Humano de los Industriales reclamaron que actualmente existe legislación excesiva que asfixia al sector patronal, detallando “una lista abrumadora de proyectos radicados que pretenden imponer nuevas licencias”. Alertaron sobre el impacto que sufren cadenas comerciales por el alza en costos operacionales e ilustraron la brecha entre la tasa de participación laboral de Puerto Rico (45%) y la de los Estados Unidos continentales (61%), denunciando que el desfase en la fiscalización de ayudas sociales desincentiva el empleo formal. De igual forma respaldaron derogar la Comisión de Salario Mínimo (PC 1115). Complementando este enfoque, señalaron también la urgencia de flexibilizar los modelos de trabajo para reincorporar a los adultos mayores y modernizar los currículos educativos, revalorizando las carreras técnicas.
En respuesta, el Hon. Ángel Morey coincidió en frenar legislación que encarezca la operación comercial y planteó “evaluar mecanismos estrictos de fiscalización en la entrega de beneficios sociales para incentivar la búsqueda activa de empleo”.
Respecto a la infraestructura hídrica, el perito Carlos González catalogó la pérdida diaria de 350 millones de galones en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como “una sangría económica inaceptable”. González recalcó que el dragado tradicional de embalses resulta sumamente costoso e ineficiente comparado con la tecnología moderna de oxigenación de fondo, la cual resuelve la degradación química a una fracción del costo. Propuso además la creación de brigadas técnicas para auditar y sectorizar las 10,000 millas de tubería insular en un periodo de seis meses.
De forma complementaria, la Vista Ocular contó con la intervención de Edsel Cardona Torres, representante de Mission Companies Inc., quien expuso soluciones tecnológicas de ingeniería eléctrica para la corrección de factores de potencia y optimización de picos de carga en instalaciones comerciales e industriales.
Mediante este encuentro histórico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico reafirma su compromiso de actuar como facilitador estratégico entre el sector privado y los legisladores, garantizando que las decisiones de política pública cuenten con el rigor técnico y la experiencia directa del ecosistema industrial de la isla, indispensable para fortalecer la competitividad de Puerto Rico. Al sentar en una misma mesa a los industriales y a los legisladores, se asegura que las leyes respondan a la realidad operacional de las empresas. Corresponde ahora a la Rama Legislativa consolidar este esfuerzo colaborativo y traducir cada propuesta técnica en posibles reformas que garanticen certeza jurídica y progreso económico para Puerto Rico.
