En el 74mo aniversario del Estado Libre Asociado, el Comisionado Residente propone cuatro medidas contra el inversionismo político y advierte sobre el riesgo a los fondos federales de Puerto Rico.
CAYEY, PR — 25 de julio de 2026 — El Comisionado Residente en Washington D.C., Hon. Pablo José Hernández, marcó hoy el 74mo aniversario del Estado Libre Asociado con un mensaje contundente contra lo que denominó “la corrupción de la claque”: una red de funcionarios de distintos partidos que, según Hernández, antepone intereses propios al servicio público y pone en riesgo miles de millones en fondos federales de reconstrucción. “La claque son los que se compran y se venden, los que confunden servir con servirse”, afirmó, citando casos recientes de nombramientos y contratos gubernamentales cuestionados.
Para atajar ese riesgo, Hernández identificó el financiamiento de campañas como una de las causas principales de la corrupción pública en Puerto Rico y presentó cuatro reformas para controlar el inversionismo político:
1. Limitar más o prohibir los donativos en efectivo, para dificultar el lavado de dinero.
2. Limitar más o prohibir los donativos anónimos, luego de que candidatos a la gobernación y partidos recibieran más de $1 millón de fuentes anónimas en las pasadas elecciones.
3. Limitar más o prohibir las donaciones de contratistas del Gobierno, para reducir el inversionismo político.
4. Requerir que las campañas divulguen dónde trabaja cada donante de cierta cantidad, y que el Contralor Electoral publique esa información.
La urgencia, explicó, está en lo laxo de las reglas actuales frente a las federales: un contratista federal no puede donar a candidatos federales, pero uno estatal en Puerto Rico puede donar hasta $3,300 a un candidato estatal. Además, puede donar hasta $3,300 en efectivo, contrario al límite de $100 en efectivo a nivel federal. A eso se suma el abuso de la regla que permite $50 en donativos anónimos, que fueron más de $1 millón de dólares entre todos los candidatos y partidos en 2024.
Hernández ilustró el riesgo de ese vacío: “Un contratista saca $100,000 en efectivo. Ese dinero se disfraza como donativos anónimos de $50 en un radiomaratón, o se reparte entre decenas de empleados públicos para que compren, a su nombre, boletos de $2,500 a un evento político. Violaron la ley, pero no hay manera efectiva de detectarlo: nadie tiene cómo saber de dónde salió el dinero, ni cuestionar cómo un empleado público que vive cheque a cheque tiene $2,500 en efectivo para donar a un político. El candidato gana — y el contratista recupera su inversión con un contrato de gobierno muy superior a los $100,000 originales.”
Hernández reconoció que no le sorprendería que personas de otros partidos ya hayan propuesto implantar restricciones similares en Puerto Rico. “Si es así, me uno a ellos. Las ideas no son de un líder, partido, o alianza … las ideas simplemente son buenas o malas. Y debemos estar con las ideas buenas, siempre.”
El mensaje llega una semana después de que Hernández señalara públicamente, en Barranquitas, a funcionarios de varios partidos vinculados a nombramientos y contratos cuestionados — señalamientos que, según dijo, ya provocaron la salida de algunos de sus puestos.
Hernández cerró invocando la constitución de 1952 y las palabras de Luis Muñoz Marín sobre la responsabilidad de sembrar bien para las generaciones futuras, y concluyó con un llamado que repitió tres veces: “El pueblo contra la claque”.
