San Juan, Puerto Rico — 30 de octubre de 2026 — El Gobierno de Puerto Rico presentó hoy ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico una solicitud urgente de interdicto provisional contra NFE para exigir el cumplimiento inmediato de las disposiciones contractuales que permiten a la AEE adquirir gas natural de suplidores alternos. La solicitud responde a la continuación de los incumplimientos en el suministro de gas natural por parte de NFE desde el 16 de septiembre de 2026. Desde entonces, el Gobierno ha realizado múltiples gestiones contractuales y judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del suplidor y proteger la continuidad del servicio eléctrico.
Como parte de estas gestiones, el 3PPO activó formalmente el 22 de septiembre la cláusula de suministro alterno (Tolling Arrangements) establecida en la Sección 22.12 del contrato. Posteriormente, el 28 de septiembre, el Gobierno acudió por primera vez al Tribunal Federal solicitando remedios urgentes para viabilizar la entrada de gas natural de terceros. Aunque el Tribunal reconoció que los riesgos a la confiabilidad del sistema eléctrico podían constituir un daño irreparable y, posteriormente, señaló que la AEE había demostrado una alta probabilidad de prevalecer en los méritos, denegó los remedios provisionales ante la llegada anunciada y posterior atraque del buque Amur River el 13 de octubre. Sin embargo, la llegada de la embarcación no resolvió la situación. Al día de hoy NFE no ha restablecido el suministro completo de gas natural a las unidades contratadas. En particular, la unidad San Juan 5 continuó operando con diésel después del arribo de la embarcación, mientras que las unidades temporeras TM2500 han recibido combustible mediante contenedores ISO, generando costos adicionales.
La nueva solicitud judicial responde, además, a la información divulgada durante la vista pública del 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, donde representantes de NFE reconocieron que el combustible disponible en el Amur River podría agotarse el próximo domingo, 1 de noviembre, sin que se haya identificado una nueva embarcación ni una fecha cierta para el próximo cargamento. Esta situación representa un riesgo inmediato de otra interrupción del suministro y de mayores costos de generación.
“Desde el 16 de septiembre hemos utilizado los mecanismos contractuales, regulatorios y judiciales disponibles para exigir que NFE cumpla con sus obligaciones. No podemos permitir que la falta de planificación y los incumplimientos de un suplidor continúen poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico. Esta acción judicial persigue proteger el interés público, garantizar alternativas reales de suministro y evitar que las familias y los comercios de Puerto Rico sigan enfrentando las consecuencias de estas interrupciones”, expresó el Zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué A. Colón Ortiz.
Mediante el recurso presentado hoy, la AEE solicita que el Tribunal ordene a NFE divulgar inmediatamente la información sobre sus inventarios y próximos cargamentos, identificar las instalaciones disponibles para recibir gas natural de terceros, proporcionar los protocolos operacionales necesarios y comenzar las gestiones para formalizar el acuerdo de tolling contemplado en el contrato. Asimismo, solicita que NFE se abstenga de obstaculizar el acceso de suplidores alternos a sus instalaciones. El Gobierno destacó que ya existe un suplidor alterno que ha manifestado formalmente su disponibilidad para entregar gas natural, sujeto a los acuerdos, condiciones técnicas y autorizaciones correspondientes. Por tanto, el propósito de la solicitud judicial es remover los obstáculos que han impedido avanzar en la implementación de esta alternativa.
“Nuestro objetivo es garantizar que Puerto Rico tenga acceso al combustible que necesita para mantener sus unidades de generación en servicio. Los contratos existen para cumplirse, y cuando su incumplimiento amenaza la continuidad del servicio eléctrico, tenemos la responsabilidad de actuar con toda la firmeza que permite la ley. La prioridad de esta Administración es proteger a los consumidores y evitar que continúen pagando las consecuencias de estos incumplimientos”, añadió Colón Ortiz.
