13 de abril de 2026 – San Juan, Puerto Rico – El Gobierno de Puerto Rico, a través del Zar de Energía y Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), reiteró de forma clara e inequívoca su posición institucional a los efectos de que no existe base legal, financiera ni operacional que justifique un aumento en la tarifa eléctrica. Las presiones financieras señaladas en el proceso por LUMA Energy, LLC (LUMA), responden a deficiencias operacionales, fallas en la ejecución de fondos federales y desviaciones de los presupuestos aprobados, y no a una insuficiencia estructural en la tarifa vigente. “No existe base legal ni evidencia que justifique un aumento en la tarifa eléctrica. Nuestro deber es proteger al consumidor.”
El Zar de Energía enfatizó que la política pública del Gobierno está dirigida a garantizar que las tarifas eléctricas sean justas y razonables, conforme exige la ley, y que no se trasladen a los ciudadanos los costos derivados de ineficiencias operacionales o fallas en la administración del sistema. Asimismo, destacó que ni el Zar de Energía ni la AAPP, son entidades reguladas, sino que comparecen en protección del interés público. “Nuestra participación responde al interés público, no a intereses particulares. Estamos aquí para exigir cumplimiento y proteger al pueblo.”
En relación con las expresiones recientes surgidas en el proceso, el Zar de Energía aclaró que estas provienen de un oficial examinador y no constituyen una determinación final del Negociado de Energía, ni mucho menos la política pública del Gobierno de Puerto Rico. A esos efectos, se puntualiza que la comparecencia del Zar de Energía y de la AAPP se realiza ante el Negociado de Energía (Negociado), ente con autoridad final en este procedimiento, y no ante el oficial examinador, cuyo rol se limita a emitir recomendaciones. En última instancia, corresponde al Negociado evaluar el récord administrativo y adoptar, modificar o rechazar cualquier recomendación conforme al marco legal y regulatorio aplicable.
Además, advirtió que el récord administrativo en el cual se sustentan dichas expresiones se encuentra incompleto, como resultado de decisiones tomadas por el propio oficial examinador, que han limitado la incorporación de evidencia material y pertinente, principalmente relacionada con el manejo de fondos federales y con los gastos excesivos e irrazonables incurridos por LUMA. “No se puede tomar una decisión que afecte al
pueblo sobre un récord incompleto.” El Zar de Energía señaló que la exclusión de evidencia crítica relacionada con costos, ejecución de fondos federales y desempeño operacional compromete la integridad del proceso y resulta inconsistente con los principios de debido proceso administrativo. “Cuando se excluye evidencia material, se compromete la transparencia del proceso.”
En última instancia, la obligación del Gobierno es clara: proteger al consumidor, exigir rendición de cuentas y garantizar que el sistema eléctrico opere de manera eficiente, transparente y en beneficio del pueblo de Puerto Rico. “Ese compromiso seguirá guiando cada una de nuestras actuaciones en este proceso. En un aspecto coincidimos con el oficial examinador, gracias a Dios vivimos en un sistema democrático.”
Finalmente, el Zar de Energía reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar un sistema eléctrico eficiente, transparente y confiable, sin imponer cargas adicionales injustificadas a los clientes. “El problema no es de ingresos, es de ejecución. No se puede trasladar al pueblo el costo de la ineficiencia.”
