La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó enérgicamente a la contrademanda presentada por LUMA Energy y aseguró que la acción legal carece de fundamentos jurídicos sólidos, al tiempo que defendió la demanda radicada por el Gobierno para cancelar el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Durante declaraciones a la prensa, González describió el acuerdo con LUMA como un “contrato limón” que, a su juicio, no ha beneficiado al pueblo puertorriqueño desde su entrada en vigor. La mandataria sostuvo que la demanda presentada por el Gobierno contiene múltiples argumentos legales que justifican la terminación del contrato y recordó que la acción judicial contempla un período de transición de un año para identificar y contratar a un nuevo operador privado.
“La demanda del Gobierno establece todas y cada una de las causales para cancelar el contrato y solicita una transición ordenada para la búsqueda de otro operador privado que pueda hacer el trabajo que esta compañía no ha hecho”, expresó la gobernadora.
González también destacó las recientes victorias judiciales obtenidas por el Gobierno en torno al pleito. Según explicó, LUMA intentó trasladar el caso al foro federal, pero tanto el tribunal federal como posteriormente el Tribunal de Apelaciones de Boston determinaron que la controversia debe ser atendida por los tribunales estatales de Puerto Rico.
“Le dieron la razón al Gobierno de Puerto Rico. Primero el foro federal y luego Boston determinaron que estos asuntos contractuales corresponden a las cortes estatales”, afirmó.
La gobernadora criticó además los costos asociados a la estrategia legal de LUMA, al señalar que los gastos en abogados terminan siendo sufragados por los abonados a través de sus facturas de energía eléctrica.
Respecto a la contrademanda presentada por la empresa, González alegó que el recurso está basado en planteamientos políticos y no responde a los argumentos jurídicos expuestos por el Gobierno.
“Todos los argumentos son politiqueros. No contestan ninguno de los señalamientos legales que hemos presentado sobre el servicio ni los planteamientos de nulidad incluidos en nuestra demanda”, manifestó.
La mandataria aseguró que la empresa ha sufrido múltiples reveses en los tribunales y sostuvo que la nueva acción legal busca influir en la opinión pública más que prevalecer en los méritos del caso.
“Esto es solamente un intento de tratar de nivelar la pelea en los medios después de haber perdido tres veces en los tribunales”, señaló.
Finalmente, González insistió en que la intención de su administración no es que el Gobierno retome la operación del sistema eléctrico, sino garantizar que Puerto Rico cuente con una empresa capaz de ofrecer un servicio eficiente y confiable.
“Lo que queremos es un operador que haga el trabajo. Que se pongan a dar el servicio y dejen de gastar tanto dinero en abogados, porque al final del camino esos gastos los paga el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.
