San Juan, Puerto Rico) 8 de abril de 2026 – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón-Reichard, y la Coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Verónica Ferraiuoli, anunció hoy la presentación de un proyecto de ley para establecer un nuevo Código de Planificación y Permisos. Esta legislación es una medida histórica que busca desmantelar la burocracia innecesaria y establecer las bases para facilitar la inversión y el desarrollo en la Isla.
La medida surge como un compromiso establecido en el Programa de Gobierno de transformar y simplificar el trámite de permisos en la isla como una de las piezas fundamentales del desarrollo económico. Con la firma de la OE-2025-02 el mismo día de su juramentación como gobernadora, la mandataria creó el Grupo de Trabajo para la Simplificación de Permisos (Task Force). Asimismo, firmó de inmediato dos órdenes adicionales: la OE-2025-003, que establece un proceso expedito para la tramitación y evaluación de permisos de proyectos financiados con fondos federales, de emergencia y de carácter crítico o estratégico; y la OE-2025-004, que exime de requisitos de permisos y endosos a proyectos de mitigación de deslizamientos financiados con fondos estatales. El conjunto de órdenes buscaba crear los fundamentos para el cambio hacia un nuevo modelo de permisos.
El proyecto de ley presentado hoy es el resultado directo de los hallazgos del Informe Final del Task Force de Permisos, publicado el 10 de diciembre de 2025. El informe diagnosticó un sistema paralizado por un marco legal complicado e incoherente, compuesto por más miles de páginas fragmentadas en casi 100 instrumentos legales, incluyendo 45 leyes diferentes. El nuevo modelo propone la creación de un Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico que garantiza una sola “regla del juego” consistente y uniforme, eliminando la duplicidad de criterios y reduciendo drásticamente los litigios provocados por conflictos entre textos legales.
“La complejidad regulatoria no es solo un dolor de cabeza administrativo; es un impuesto invisible que se traslada directamente al bolsillo de nuestra gente al encarecer la vivienda, los bienes y los servicios básicos”, expresó la gobernadora. “Este sistema ineficiente impide la ejecución de proyectos críticos y afecta directamente la asequibilidad para el ciudadano de a pie. Con este nuevo modelo, estamos devolviendo la certeza al proceso para que el costo de vida en Puerto Rico deje de estar inflado por la inacción gubernamental”.
El nuevo Código establece un estándar de interpretación, aclara jurisdicciones, define quién decide, cuándo y con qué criterios y limita la discreción administrativa mediante reglas objetivas y verificables. Además, incluye que toda denegación deberá fundamentarse en disposiciones específicas y ofrecer oportunidad real de subsanación antes de ser emitida.
Por su parte, el secretario del DDEC destacó el impacto de las deficiencias del sistema actual en la competitividad de la Isla. “Puerto Rico ha ocupado por tres años consecutivos el último lugar en libertad económica entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. según el índice Fraser, y el informe Doing Business North America que posicionó a San Juan en el último lugar de 83 jurisdicciones, citando los permisos de construcción como nuestra mayor debilidad”. Asimismo, añadió que “según estudios, los permisos pueden representar entre el 10% y el 30% del costo de desarrollo de un proyecto. Al simplificar este proceso, no solo atraemos capital que busca procesos predecibles, sino que viabilizamos, entre otras cosas, la oferta de vivienda asequible que tanto necesitamos”.
Negrón Reichard explicó que el proyecto reorganiza institucionalmente el sistema. La actual Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) se transformaría en la Oficina Central de Permisos (OCP) y sería la única entidad encargada de emitir permisos y licencias en el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo recomendaciones que hoy emiten múltiples agencias. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura y otras agencias concentrarán sus funciones en fiscalización y cumplimiento, mientras la Junta de Planificación se convierte en la Junta de Planificación y Urbanismo con un enfoque exclusivo en planificación territorial y política pública de uso de suelo.
El Código provee para la creación de un Reglamento Único que consolidará todos los requisitos aplicables a permisos en un solo cuerpo normativo con vigencia indefinida y revisiones parciales periódicas.
Por su parte, la Coordinadora de Eficiencia, subrayó el cambio tecnológico y operativo del Estado al destacar que “con la aprobación de este código y la implementación de los cambios que contiene, se reducirá el tiempo promedio de otorgación de permisos hasta un 80% de lo que se tarda el día de hoy”. La funcionaria explicó que el nuevo modelo limita la discreción administrativa y estandariza los criterios de evaluación mediante el uso de datos oficiales y sistemas de información geográfica (SIG). Esto permite un balance real entre el desarrollo económico y la protección ambiental, estableciendo salvaguardas claras sin duplicidades procesales.
El nuevo modelo distingue claramente entre determinaciones ministeriales (que se limitan a verificar el cumplimiento objetivo de requisitos) y determinaciones discrecionales (que requieren juicio técnico fundamentado en criterios expresos), y establece términos máximos obligatorios para adjudicar. El incumplimiento de estos términos conlleva consecuencias según dispuestas en el Código.
Se crean además categorías especiales como el Proyecto de Alto Impacto Socioeconómico Prioritario para infraestructura crítica, energía, vivienda, turismo y proyectos con fondos federales, con tramitación acelerada. Se amplían las obras exentas para intervenciones de bajo riesgo que no alteren uso ni seguridad; se establece el Permiso Único Automático para pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo; y se consolida el Permiso Único Incidental dentro del Permiso de Construcción para evitar retrasos posteriores a la aprobación principal.
En materia ambiental, el nuevo modelo mantiene estándares rigurosos (exclusiones categóricas, evaluaciones ambientales simples y declaraciones de impacto ambiental) con términos definidos de hasta 180 días, y se prohíbe la modificación de hábitats críticos.
“Para los que están preocupados por el deber de fiscalización y protección ambiental sepan que el proyecto radicado también fortalece la rendición de cuentas al establecer plazos máximos obligatorios y consecuencias legales por la inacción del Estado. Con la implementación de este modelo, Puerto Rico aspira a pasar de un sistema de control preventivo y lento a uno de facilitación, confianza y fiscalización robusta”, recalcó la gobernadora.
Con esta medida, nos acercamos a modelos como el de los estados en crecimiento, Texas y Florida, donde la planificación y la otorgación de permisos recae sobre la misma entidad gubernamental para facilitar el desarrollo mientras cumple con su deber fiscalizador.
El secretario del DDEC destacó la colaboración de las entidades gubernamentales concernidas que participaron en sesiones técnicas y proveyeron su indispensable insumo durante el proceso de redacción del Código. Asimismo, señaló que procuró sesiones consultivas y una colaboración estrecha con el equipo de la Junta de Supervisión Fiscal para garantizar que la propuesta legislativa fuera cónsona con los lineamientos y objetivos de revitalización y los planes fiscales. Además, Negrón Reichard señaló la participación de entidades, grupos y asociaciones que representan a pequeños y medianos comerciantes, así como a profesionales que interactúan con el sistema de permisos.
Para consultar el documento íntegro del Código de Planificación y Permisos, así como detalles adicionales sobre la medida, puede visitar desarrollo.pr.gov/conpermiso
