La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico – 5 de agosto de 2026 – La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó hoy a la determinación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante la cual acogió los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), para atender de manera expedita la controversia para la cancelación del contrato de LUMA Energy.
Con una votación de 5 a 4, el Tribunal Supremo, certificó los casos relacionados con la solicitud de nulidad del contrato de la empresa. Representando así otra víctoria que valida el reclamo del Gobierno a nombre pueblo de Puerto Rico.
“La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora.
González Colón, destacó que el Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal Supremo en diciembre del 2025 con el objetivo de defender el interés del pueblo para que nuestra gente en toda la isla cuente con luz en sus hogares sin tener que pasar los suplicios que LUMA ha provocado.
“Esta determinación valida nuestra posición de que Puerto Rico merece una respuesta rápida y definitiva sobre un asunto que afecta la operación de un servicio critico. Nuestro compromiso sigue siendo garantizar que cualquier decisión relacionada con el sistema eléctrico se tome conforme a derecho y siempre velando por el bienestar de la gente”, añadió.
Asimismo, la gobernadora reiteró que su administración cumplirá con el compromiso establecido en el Plan de Gobierno de cancelar el contrato de LUMA, en respuesta al mandato expresado por el pueblo en las elecciones de 2024. Y aseguró que seguirá fortaleciendo el sistema energético, mediante el aumento de la capacidad de generación y distribución, exigiendo que LUMA cumpla con las responsabilidades para las que fue contratada, en lugar de destinar recursos del pueblo a la producción de documentales.
