La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 24 de julio de 2026 – La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley la Medida de Adminsitración- 15, convirtiéndolo en la Ley 143-2026, una medida que incorpora como proyecto elegible bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas la construcción, mantenimiento y operación de instalaciones destinadas exclusivamente a albergar mujeres víctimas de violencia doméstica.
La nueva legislación enmienda la Ley Núm. 29-2009, conocida como la “Ley de las Alianzas Público-Privadas”, busca facilitar el desarrollo de infraestructura especializada que fortalezca la red de protección y servicios dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, promoviendo la colaboración entre el Gobierno y entidades con la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos.
“Con la firma de esta ley damos un paso importante para fortalecer la respuesta del Gobierno a una de las problemáticas sociales más apremiantes que enfrenta Puerto Rico. Esta legislación crea nuevas herramientas para ampliar la capacidad de albergue y garantizar que más mujeres víctimas de violencia doméstica tengan acceso a espacios seguros, dignos y con los servicios que necesitan para reconstruir sus vidas”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
Asimismo,la gobernadora convirtió en ley el Proyecto del Senado 673, de la autoría de la senadora Nitza Morán y el senador Héctor González, estableciendo mediante la Ley 144-2026 el mes de noviembre de cada año como el Mes de la Planificación en Puerto Rico.
La nueva ley reconoce la aportación de los profesionales de la planificación al desarrollo integral de la isla y promueve una mayor conciencia sobre la importancia de la planificación como herramienta para la formulación de política pública, el ordenamiento territorial y la toma de decisiones informadas.
Finalmente como parte de su compromiso con quienes han servido a la Nación, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en la Ley 145-2026 el Proyecto de la Cámara 826, de la autoría del representante José F. Aponte Hernández, para fortalecer la divulgación y el acceso de los veteranos a los beneficios de vivienda que reconoce la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI.
La nueva legislación dispone que todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y los municipios deberán incluir en sus avisos, anuncios, edictos y convocatorias relacionados con la venta, cesión, donación o arrendamiento de propiedades, así como en programas de vivienda de interés social o subsidios para la adquisición o alquiler de viviendas, una referencia expresa al derecho de preferencia que la ley reconoce a los veteranos y sus viudos cuando cualifiquen bajo los requisitos aplicables.
“Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con nuestros veteranos. Con la firma de esta ley damos un paso adicional para garantizar que conozcan y puedan ejercer plenamente los derechos y beneficios que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro compromiso es eliminar barreras de información y asegurar que quienes sirvieron a nuestra Nación tengan acceso justo y oportuno a las oportunidades disponibles para ellos y sus familias”, expresó la primera ejecutiva.
Además, la Ley 145-2026 incorpora una definición de “Organización Bona Fide de Veteranos” dentro de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, brindando mayor claridad para la implementación de las disposiciones de la ley por parte de las entidades gubernamentales. Asimismo, dispone que las multas impuestas por incumplimientos relacionados con estas obligaciones podrán ser asignadas a la Oficina del Procurador del Veterano para financiar campañas educativas e iniciativas de orientación sobre los derechos de la población veterana.
