25 de abril de 2026- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico- La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió cinco medidas en leyes que atienden desde aclarar y actualizar el marco normativo de varias leyes, procurar la transparencia y seguridad en la función pública y reconocer las entidades que contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos.
Ley 57-2026 | Proyecto de la Cámara 142
De la autoría del representante Ángel Morey Noble.
La medida enmienda la Ley 151-2004 (Ley de Gobierno Electrónico), para consolidar y modernizar la política pública que obliga a las agencias a informar y educar a la ciudadanía sobre proyectos que afectan servicios esenciales, utilizando herramientas digitales para garantizar mayor transparencia y uniformidad; debido a esto, la Ley 98-2002, conocida como “Ley de Información de Educación e Información al Usuario de Servicios Gubernamentales” se vuelve obsoleta por lo que también la medida la deroga.
Se establece que las agencias y corporaciones públicas deberán crear programas formales de educación e información sobre proyectos de infraestructura o mejoras que impacten servicios esenciales como agua, luz o transporte. Esto incluye publicar detalles específicos (ubicación, alcance, duración e impacto) y notificar con al menos 30 días de anticipación, o 48 horas en casos excepcionales, además de monitorear los efectos durante la ejecución.
Ley 58-2026 | Proyecto de la Cámara 225
De la autoría de los representantes: Gabriel Rodríguez Aguiló, Ángel Morey Noble y la coautoría: Ángel R. Peña Ramírez y Joe Colón Rodríguez.
La medida declara el 15 de mayo de cada año como el “Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico”, a los fines de exaltar dichas organizaciones y agradecer su continua labor por enaltecer el servicio público, tanto individual como colectivo.
Este proyecto reconoce la trayectoria histórica y el compromiso social de las fraternidades y sororidades en Puerto Rico. La creación de un día oficial fortalece la visibilidad de su aportación al servicio público, la educación y la formación de líderes.
Ley 59-2026 | Proyecto de la Cámara 435
De la autoría del representante José F. Aponte Hernández.
La medida enmienda la Ley 6-2011con el objetivo de establecer mecanismos legales necesarios para confirmar que las personas que ejerzan como entrenadores deportivos de los niños estén libres de sustancias controladas en su organismo.
Se requerirá una prueba negativa de detección de sustancias controladas a toda persona interesada en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos, adscritos al Departamento, así como a Federaciones Deportivas en que participen menores hasta los dieciocho (18) años. La persona deberá costear dicha prueba.
Se faculta al Departamento de Recreación y Deportes, administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas a todo entrenador de manera aleatoria durante la vigencia de su licencia.
Ley 60-2026 | Proyecto de la Cámara 582
De la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos J. Méndez Núñez.
La medida enmienda la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971 (Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico) para actualizar y precisar el lenguaje para evitar discrepancias entre las facultades y obligaciones que le fueron otorgadas al Departamento de Salud conforme a la Ley Núm. 67. Los artículos enmendados todavía hacían referencia a que era el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción quien tiene la facultad para investigar toda violación de naturaleza criminal o administrativa a la Ley
Ley 61-2026 | Proyecto de la Cámara 767
De la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos J. Méndez Núñez y de la coautoría de Pedro J. Santiago Guzmán.
La medida enmienda la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, (Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos), para corregir un error técnico, añadir a los funcionarios y empleados del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación en la definición de “empleado” con el fin de conformarla al estado de derecho vigente y restablece la facultad del Departamento de Educación de negociar directamente planes de salud.
