La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 5 de febrero de 2026– La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó hoy la Orden Ejecutiva 2026-006 para crear el Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, una iniciativa dirigida a atender el trato desigual que enfrenta la isla en la asignación de fondos federales de salud y a fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud ante las próximas negociaciones de Medicaid.
La Orden Ejecutiva, la cual cumple con el Programa de Gobierno, señala que la condición colonial de Puerto Rico ha resultado en disparidades significativas en el financiamiento de programas como Medicare y Medicaid, afectando el acceso a servicios médicos esenciales, el reclutamiento y retención de profesionales de la salud, así como la estabilidad fiscal del sistema. Además, destaca la exclusión de Puerto Rico de programas federales como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el Medicare Savings Program y el subsidio Extra Help de la Parte D de Medicare, lo que impone una carga fiscal adicional al Gobierno de Puerto Rico y limita la expansión del Plan de Salud del Gobierno.
“Puerto Rico no puede seguir recibiendo un trato desigual en programas federales de salud que son esenciales para la vida y el bienestar de nuestra gente. Esta Orden Ejecutiva busca defender los derechos de los ciudadanos residentes en la isla ante el Congreso con la creación de una estrategia coordinada que garantice un financiamiento justo y sostenible para nuestro sistema de salud, antes y después de 2027”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá como función principal diseñar estrategias y recomendaciones para adelantar la igualdad de Puerto Rico en la asignación de fondos federales de salud, gestionar acciones ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal, evaluar requisitos regulatorios aplicables y coordinar esfuerzos con la Gobernadora para presentar una posición unificada del Gobierno de Puerto Rico.
En la Orden Ejecutiva se designa como parte del Grupo de Trabajo Multisectorial a representantes del Gobierno de Puerto Rico; al Comisionado Residente; representantes de la industria de la salud en la Isla; representantes del sector privado; y representantes de organizaciones sin fines de lucro.
Algunos de los integrantes son: la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos A. Santiago, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, la presidenta de la MMAPA, Solange De Lahongrais, la presidenta de la Asociación de Farmacias, Linda Ayala, presidente de la Asociación de Prácticas Independientes (IPA), Jorge Hess, el presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, Dr. Edgardo Rosario, Ivonne Rivera directora ejecutiva de las Alianzas de los Centros Comunitarios 330, el CEO del Hospital Menonita, la Asociación de Industriales de Puerto Rico; además de Luis E. Pizarro, quien además es el presidente de la Cámara de Comercio y Comité de Salud; y Carlos Rodríguez.
La Orden Ejecutiva dispone además que el Grupo de Trabajo presente a la gobernadora un informe inicial dentro de treinta (30) días de su constitución con las estrategias recomendadas para alcanzar la igualdad en el financiamiento federal de salud.
La Orden Ejecutiva entra en vigor de forma inmediata, como hecho el lunes se estará llevando a cabo una reunión de este Grupo Multisectorial a la 1:00 pm.
Como comisionada residente, González Colón fue exitosa en coordinar esfuerzos con el sector público y privado para ir en una sola voz abogar por la cubierta de Medicaid; logrando en el 2022 la extensión de la cobertura de Medicaid por $19,400 millones con un 76% FMAP por cinco años. Esto es alrededor de $300 millones a $500 millones más por año de lo que Puerto Rico recibió en el 2021, lo que ayudó con los efectos de la inflación. El acuerdo aumenta la aportación directa a proveedores de $200 millones a $300 millones anuales, con una garantía del al menos el 75% del reembolso de Medicare (aumentado del 70% de años anteriores).
