13 de febrero de 2026- La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico- Con el firme compromiso de hacer de Puerto Rico un destino óptimo para la inversión e impulsar el desarrollo económico, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley legislación que agiliza el trámite de permisos, esa fue una de las dos piezas legislativas provenientes del Senado que firmó anoche; además vetó dos medidas por su impacto fiscal.
Ley 19- 2026 (Proyecto del Senado 79)
Esta medida de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (PNP- Acumulación) y del senador Héctor Gabi González (PNP-Arecibo) enmienda la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra”, al traspasar las facultades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para otorgar permisos al amparo de esa ley a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe); con el objetivo de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la OGPe.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mantendrá la facultad de fiscalizar dichos permisos, pero no así de expedirlos, ya que ahora caen bajo la jurisdicción de la OGPe, agencia que avaló la medida y expresó que, las enmiendas propuestas son cónsonas con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto 2023).
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales avaló la medida indicando que la misma agilizará la expedición de permisos en Puerto Rico; la Asociación de Minería también apoyó la medida.
Resolución Conjunta 10-2026 (Resolución Conjunta del Senado 105)
La Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola (Ley 107-1974) busca preservar la indivisión de las unidades de producción agrícola establecidas bajo el Programa de Fincas Familiares de 1966. Dicha ley reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para que esta no aplique en aquellos casos que se estime meritorio.
Los herederos de la finca La Trapa en Municipio de Las Marías, han solicitado que se liberen las restricciones de la referida finca, donde ahora ubican varias residencias. Es por tal razón que esta medida presentada por la senadora Jamie Barlucea (PNP-Ponce) autoriza la liberación de las restricciones de la Ley 107-1974, debido a los cambios que ha experimentado el área donde ubica la referida finca, de manera que pueda ser cónsona con el uso actual.
Veto al Proyecto del Senado 631
El Proyecto del Senado 631 propone conceder al Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina y a cualquier otro hospital cuyo dueño sea un municipio o el Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias o instrumentalidades, independientemente de que dichos hospitales sean operados o administrados por una institución privada, el beneficio del límite de responsabilidad civil por impericia médica, así como inmunidad a sus facultativos.
La vigencia de esta medida establece tener efecto retroactivo al 21 de abril de 2015, 11 años de retroactividad, sobre cualquier causa de acción y procedimiento judicial para el cual no haya advenido sentencia final y firme. La constitucionalidad del efecto retroactivo de la ley puede ser cuestionable; dado que el Artículo 9 del Código Civil claramente establece que el efecto retroactivo de una ley no puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior.
La gobernadora vetó la medida ya que según está redactada la cláusula de vigencia, esta podría tener un efecto de desestimar pleitos o reducir compensaciones en casos de impericia médica que se encuentren ante la consideración de los tribunales con competencia.
Veto al Proyecto del Senado 685
El Proyecto del Senado 685 propone eximir a los Agentes Especiales Fiscales y Agentes de Rentas Internas del pago de contribución sobre ingresos en cuanto a las cantidades recibidas por concepto de horas extras trabajadas.
“Todos los servidores públicos merecen la compensación adecuada por sus servicios y los agentes del Departamento de Hacienda que laboran horas extra merecen nuestro reconocimiento y distinción. Sin embargo, en estos momentos históricos, conceder dichos beneficios, fuera del marco de una reforma contributiva integral, incrementaría el riesgo fiscal y la fragmentación del sistema contributivo”, explicó la gobernadora.
“En estos momentos, la Asamblea Legislativa, se encuentra evaluando la segunda fase de la Reforma Contributiva, prioridad del Programa de Gobierno. Ante este escenario la propuesta contrasta con la discusión que se está llevando a cabo en los Cuerpos Legislativos, dado que reduce recaudos sin identificar una fuente de ingresos alterna o medidas compensatorias. El Departamento de Hacienda estima que el impacto fiscal de la medida fluctúa entre $343,000 a $373,000 anuales. Aprobar legislación en estas circunstancias resultaría incompatible con el mantener el primer presupuesto balanceado y certificado de conformidad con las disposiciones de la Ley federal conocida como PROMESA y el principio de neutralidad fiscal que permea en el Plan Fiscal certificado”, añadió la mandataria.
“Por lo cual, lo fiscalmente prudente y administrativamente responsable es esperar por el resultado del análisis legislativo de todas las piezas legislativas que conforman la Reforma Contributiva, antes de considerar la aprobación de nuevos beneficios o exenciones contributivas de carácter particular que inciden directamente en la evaluación de las piezas legislativas ante su consideración. Cada medida que tenga impacto fiscal cambia los escenarios de discusión”, concluyó la gobernadora.
