Se establece proceso estatal para evaluar programas educativos de corta duración y alta demanda laboral
(La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico, 31 de agosto de 2026) — La gobernadora Jenniffer A. González Colón firmó ayer la Orden Ejecutiva Núm. OE-2026-043, mediante la cual Puerto Rico adopta e implementa el Workforce Pell Grant Program, para ampliar el acceso del pueblo a nuevas oportunidades de fondos federales destinados a educación y adiestramiento, reducir barreras económicas para la adquisición de destrezas ocupacionales y facilitar la incorporación de trabajadores capacitados al mercado laboral.
Esta iniciativa es conforme al marco dispuesto por la legislación federal, y establece la estructura estatal para evaluar los programas educativos postsecundarios de corta duración y alta demanda laboral que podrán acceder a fondos federales y ser considerados para esta modalidad de asistencia económica federal.
La Orden Ejecutiva Núm. OE-2026-043 establece la política pública y los procedimientos mediante los cuales la Gobernadora, previa consulta con la Junta Estatal de Desarrollo Laboral, realizará las determinaciones requeridas por la legislación federal. Asimismo, crea un Comité Estatal Interagencial que apoyará la evaluación de los programas y la formulación de recomendaciones, de conformidad con las políticas y los procedimientos escritos que el Gobierno de Puerto Rico establecerá y publicará para que dichos programas puedan ser considerados por el secretario de Educación de los Estados Unidos y, de ser aprobados, acceder a los fondos federales correspondientes.
Aunque el marco federal no impone como requisito obligatorio la promulgación de un decreto para acceder al programa, la Gobernadora determinó emitir la Orden Ejecutiva OE-2026-43 por tratarse del instrumento legal e institucional idóneo para formalizar las responsabilidades de las agencias concernidas, establecer un procedimiento de evaluación objetivo y transparente, e instruir la colaboración interagencial obligatoria. Este enfoque otorga certeza jurídica al proceso, alinea a la jurisdicción con las mejores prácticas recomendadas a nivel nacional y toma como referencia modelos estatales como el State Workforce Pell Coordinating Council de Idaho.
El decreto viabiliza el acceso a la asistencia económica federal del Título IV del Higher Education Act de 1965, enmendado por la ley federal Working Families Tax Cuts Act de 2025 y reglamentado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos el 19 de mayo de 2026. Bajo este marco, que entró en vigor el 1 de julio de 2026 para el año de concesión 2026-2027, estudiantes elegibles podrán recibir becas para programas de adiestramiento de entre 150 y 599 horas contacto impartidos en un periodo de entre ocho y 15 semanas, dirigidos a ocupaciones de alta especialización, alta remuneración o demanda laboral.
“El desarrollo económico de Puerto Rico requiere una fuerza laboral capacitada para responder de manera ágil a las necesidades de los sectores productivos. Esta iniciativa fortalece la alineación entre la oferta académica postsecundaria y las prioridades de desarrollo industrial, manufactura e infraestructura, amplificando la utilización de recursos federales disponibles para nuestros estudiantes”, expresó la primera ejecutiva.
El decreto designa a la Junta Estatal de Desarrollo Laboral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), como la entidad líder para coordinar la ejecución del programa y proveer apoyo técnico al nuevo Comité Interagencial Workforce Pell. Este organismo, presidido por el Secretario del DDEC, estará integrado por los titulares del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Departamento de Educación, Departamento de Estado, Instituto de Estadísticas, la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación, la Junta de Instituciones Postsecundarias y la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), además de representantes designados por la Gobernadora para los sectores de educación superior y técnico vocacional.
El Comité tendrá la encomienda de adoptar criterios unificados de evaluación basados en datos reales sobre empleo, salarios y vacantes para validar que los programas otorguen credenciales reconocidas y portables, permitan la articulación académica hacia grados superiores y cuenten con el respaldo de patronos e industrias. Concluida la evaluación técnica, el grupo elevará sus recomendaciones a la Gobernadora para la certificación estatal correspondiente, la cual servirá de base previa para la aprobación definitiva por parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Para garantizar la efectividad de las capacitaciones y el buen uso de los fondos, el Gobierno mantendrá un sistema de seguimiento continuo que medirá métricas clave como la tasa de retención de participantes, la obtención de credenciales, la colocación y retención en el empleo y los niveles salariales logrados.
Asimismo, el Comité contará con la facultad de recomendar la modificación, suspensión o retiro de certificaciones a aquellos programas que dejen de cumplir con los estándares de desempeño. Toda gestión o trámite ante el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos se canalizará de manera centralizada a través de PRFAA.
