El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy, la firma de dos Acuerdos Colaborativos entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Poder Judicial para uniformar y coordinar de manera rápida, efectiva y segura las órdenes de protección, incluyendo diligenciamientos y notificación a las partes peticionadas en todas las regiones judiciales y policiacas. También, sobre el intercambio de información pertinente que propenda a garantizar la seguridad de partes peticionarias y de los funcionarios implicados en el proceso.
Los Acuerdos anunciados, junto a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez; el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, entran en vigor de manera inmediata, son parte del plan de trabajo dispuesto desde que el gobernador emitió un Estado de Emergencia en el 2021 y posteriormente se creó el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), el cual forma parte de un proyecto colaborativo entre la Ramas Ejecutiva y Judicial. Este Acuerdo, contempla las normas de privacidad de las personas sobrevivientes.
“Hay consenso en que las órdenes de protección continúan siendo una herramienta valiosa para proteger a personas en situaciones de violencia de género. Estos son los primeros acuerdos entre estas dos ramas de gobierno para apoyar esta lucha y fortalecen el Protocolo Intergubernamental para Coordinar la Respuesta, Orientación e Intercambio de Información para la Atención de Personas Sobrevivientes de Violencia de Género en Situaciones de Violencia Doméstica que se firmó en 2022. Uno de los Acuerdos es para uniformar y desarrollar un proceso consistente en el manejo de las órdenes de protección, y el otro Acuerdo viabiliza la interoperabilidad de los sistemas electrónicos para que estén disponibles a los agentes de ley y orden inmediatamente que se expidan. Los Acuerdos exponen que el COPOP recibirá digitalmente de los tribunales las Órdenes de Protección expedidas para registrarlas y notificarlas a los centros de mando de las áreas policíacas, y encauzar así su diligenciamiento cuando corresponda, según lo dispuesto en el protocolo de diligenciamiento establecido. Se ha establecido una interfaz que permite el intercambio diario de datos bajo estrictos parámetros de integridad, disponibilidad y confidencialidad, que provea una garantía de seguridad para las partes peticionarias como para los agentes del orden público que efectúan los diligenciamientos”, dijo Pierluisi.
Mientras, el secretario del DSP destacó que con la firma de estos Acuerdos “por primera vez el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo establecen un sistema uniforme en las 13 áreas policiacas y en las 13 regiones judiciales, estructurando el manejo de las órdenes de protección, ahora todos los integrantes envueltos en el proceso de diligenciamiento tendrán un procedimiento estructurado y claramente definido”.
Según explicó el comisionado de la Policía, antes de la creación del COPOP no existía un inventario de todas las órdenes de protección emitidas por los tribunales, no había uniformidad en los procesos de diligenciamiento, a veces lo hacía un alguacil del Tribunal, otras veces un policía estatal y otras uno municipal por lo que estos Acuerdos son un paso de avanzada.
“El peticionario de la orden tenía que salir del Tribunal a un cuartel para pedir el diligenciamiento y no recibía constancia de su estatus. El proceso podía tomar días y semanas porque no había visibilidad sobre la gestión ni un rendimiento de cuentas, porque no existía uniformidad en los mecanismos. Además, la evidencia de la entrega de la orden no llegaba al Tribunal de manera consistente, lo que dilataba iniciar el proceso criminal, si se violentaba la misma. Todos esto, es parte de lo que vino a corregir el COPOP, además de apoyar con servicios y protección a la parte perjudicada por incidentes de violencia doméstica”, explicó el comisionado.
