[San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 2025] El Frente Amplio de Acción Social (FAAS), colectivo interdisciplinario y multisectorial comprometido con los derechos de la infancia, la equidad educativa e inclusión, hace un llamado urgente a Eliezer Ramos Parés, Secretario Departamento de Educación (DE), para que derogue de inmediato la Carta Circular Número 006-2025-2026, por considerarla una normativa que contraviene los derechos de los estudiantes con diversidad funcional, así como la normativa federal y estatal que los protege.
La Carta Circular 006-2025-2026, “Política Pública y Marco Práctico para Distinguir entre Servicios Relacionados Educativos” segmenta los “servicios relacionados” y distingue entre estos y otros servicios terapéuticos, lo que vulnera el derecho al desarrollo integral de estudiantes con diversidad funcional. Las necesidades de estudiantes con diversidad funcional no se limitan al “servicio educativo”, sino que es integral. Incide en su desarrollo global, aprendizaje, habilidades de socialización, atención, concentración, comunicación, y autonomía. Restringir o separar estos servicios les hace menos eficaces, dificulta el seguimiento coordinado y perjudica a esta población. Esta segmentación incumple con la obligación legal del Estado de ofrecer educación pública gratuita, apropiada y en el entorno menos restrictivo, según dispone la ley federal ¨Individuals with Disabilities Education Act¨ (IDEA Part B) y la Rehabilitation Act of 1973 (Sección 504), que prohíben la discriminación de personas con discapacidad por parte de entidades que reciben fondos federales.
En el ámbito estatal, el Programa de Educación Especial del DE en Puerto Rico se regula por la Ley 51 de 1996 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos), la Ley 263 de 2006 (Ley del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera para los Estudiantes con Impedimentos que Reciben Servicios de Educación Especial), la Ley 53 de 2016 (Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos), y disposiciones de los Artículos del Título 18 L.P.R.A. relacionados con educación especial. La ley estatal dispone que los servicios deben prestarse de manera coordinada y con “servicios integrales” (“integral services”) definidos como “servicios educativos y relacionados que se proveen de forma coordinada compatible con ciertos objetivos comunes inferidos del programa de servicios individualizados”.
El FAAS exige que el DE derogue inmediatamente de la Carta Circular Número 006-2025-2026. Demandamos un proceso de consulta pública amplio, con participación y representación de personas encargadas de estudiantes, entidades de personas con discapacidad, profesionales de pedagogía, terapia, psicología, trabajo social, derecho educativo para formar parte de la articulación de política pública que modifique el marco de servicios de educación especial. La garantía de servicios terapéuticos (psicología, lenguaje, terapia ocupacional, conducta, atención a la diversidad funcional, etc.) se integren plenamente al Programa de Educación Especial (PEI) como “servicios relacionados” y no sean objeto de segmentación arbitraria.
Además, exigimos que los PEI se mantengan como documentos dinámicos, elaborados por equipos multidisciplinarios, con participación familiar, y que incluyan los servicios terapéuticos necesarios para atender requerimientos funcionales, educativos, conductuales y sociales de cada estudiante, en cumplimiento de la normativa vigente. El DE tiene que asumir su rol rector de supervisión, coordinación y garantía de servicios integrales, tales como dispone la Ley 51 de 1996 y la normativa estatal (artículos 1351 Título 18 L.P.R.A.). El DE tiene que informar públicamente sobre los recursos asignados a la Educación Especial, el estado de los servicios terapéuticos, los plazos de implementación y los resultados en términos de inclusión, progreso académico, social y funcional de estudiantes con diversidad funcional.
Hacemos un llamado a la sociedad —en particular, madres, padres, tutores, comunidades escolares, profesionales, organizaciones de derechos— a unirse a este reclamo por una Educación Especial digna, integral e inclusiva. Invitamos a la ciudadanía a unirse al reclamo para que el Estado garantice el desarrollo integral de nuestro estudiantado. Confiamos en que el Secretario de Educación revertirá la política que pone en riesgo los derechos de miles de estudiantes que requieren servicios de apoyo terapéutico integrados.
