Con la puesta en vigor de una nueva ley, que amplía las facultades de los agentes de juegos y equipara sus poderes a la del policía, la Comisión de Juegos de Puerto Rico adquiere mayores garras y fortalece su división de seguridad para fiscalizar la industria de juegos en la Isla.
“La adopción de este nuevo estatuto nos permite reforzar los recursos asignados a un sector económico importante y en crecimiento, como el de las apuestas deportivas, los casinos, las máquinas de juegos de azar en ruta y la industria hípica, entre otros componentes, para hacer de Puerto Rico un lugar ideal para llevar a cabo estas actividades. La creación por ley de un cuerpo especializado con facultades de orden público promueve un ambiente de mayor confianza para los jugadores, las empresas y la industria. A la misma vez, promueve la fiscalización justa del recaudo legal para beneficio del presupuesto público y las aportaciones sociales que hace la industria de juegos, como su contribución a la Universidad de Puerto Rico y al retiro de la Policía”, manifestó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, licenciado Juan Santaella Marchán.
Según explicó el funcionario, la nueva ley enmienda los Artículos 1.3 y 2.2 de la Ley 81-2019, conocida como la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para redefinir la figura del “agente de juegos”, al otorgarle nuevas facultades, entre estas, realizar arrestos y manejar situaciones que antes solo competían a la Policía. Otras figuras legales con estas funciones son los vigilantes de Recursos Naturales y los inspectores del Departamento de Hacienda.
Este agregó que, como parte del plan para profesionalizar y capacitar a este cuerpo, los agentes serán adiestrados por la Academia de la Policía de Puerto Rico, que ubica en Gurabo.
Dentro de las facultades de la Comisión se encuentran el inspeccionar y examinar los lugares donde se lleven a cabo actividades reguladas de juegos de azar, incautar y retirar de tales instalaciones equipos para ser inspeccionados, y auditar documentos.
“En el descargue de su función fiscalizadora, los agentes de juego pueden encontrarse ante violaciones de ley y se exponen a peligros. Al ser agentes del orden público, estos ahora podrán hacer arrestos y contarán con las herramientas y la capacitación necesarias para realizar de manera segura, ágil y efectiva su labor”, dijo Santaella Marchán.
Los agentes de juegos estarán adscritos a la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión. Estos recibirán entrenamiento en la Academia de la Policía, asegurando de este modo que cuenten con la formación necesaria para manejar situaciones de alto riesgo. Esto no solo protege a los propios agentes, sino también a las instalaciones y los usuarios que participan en estas actividades reguladas.
“La implementación de esta ley representa un avance significativo en la protección del interés público y privado dentro de la industria de juegos en Puerto Rico. Además, la colaboración entre la Comisión de Juegos y otras agencias de seguridad pública garantiza una aplicación uniforme de las leyes y reglamentos”, sostuvo Santaella Marchán.
Este agregó que, de este modo, se refuerza el compromiso del Gobierno con el desarrollo y la regulación responsable de la industria de juegos, y que se mantenga como un motor económico clave para la isla, mientras se protege la integridad de todas las operaciones bajo su jurisdicción.
