SAN JUAN, Puerto Rico – El 27 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de tres cargos contra Carlos A. Guerra Colón por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, y posesión con intención de distribuir cocaína.
Según documentos judiciales, Carlos A. Guerra Colón, a partir de una fecha desconocida, pero no posterior al 18 de marzo de 2025, conspiró y acordó con otros la posesión a sabiendas de fentanilo y cocaína.
Durante su inspección, empleados del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) identificaron un paquete sospechoso que, tras examinarlo, contenía 2.365 kilogramos de fentanilo. El 18 de marzo de 2025, Guerra Colón acudió a la Oficina Postal Principal del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) en Aguadilla para recoger el paquete que contenía el fentanilo. Cuando Guerra Colón salió de la oficina postal, agentes del USPIS procedieron a arrestarlo. Tras su detención, los agentes registraron su vehículo, lo que resultó en la incautación de 24 bolsas ziplock que contenían cocaína.
“Eliminar las redes de narcotráfico es fundamental para nuestros esfuerzos continuos por combatir la crisis del fentanilo en Estados Unidos y salvar vidas”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. “Nuestra oficina procesará a los traficantes y distribuidores de fentanilo con todo el peso de la ley”.
“El fentanilo es un arma de destrucción masiva disfrazada de droga, mata indiscriminadamente y agrava el sufrimiento de innumerables familias”, declaró Michael A. Miranda, Agente Especial a Cargo de la División del Caribe de la DEA. “La DEA no se detendrá. Perseguiremos a todos los traficantes, desmantelaremos todas las redes y haremos cumplir todas las leyes con firme determinación para proteger a nuestras comunidades y salvar vidas”.
De ser declarado culpable, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión con la pena máxima legal de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La Administración de Control de Drogas (DEA) está a cargo de la investigación con la colaboración del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS); el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Negociado Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB).
El Fiscal Federal Adjunto (AUSA) y Jefe de la Sección contra el Crimen Organizado Transnacional, Max J. Pérez-Bouret; la Subjefa de la Sección contra el Crimen Organizado Transnacional, AUSA María L. Montañez-Concepción; y el Fiscal Federal Adjunto Luis A. Valentín están a cargo de la acusación.
Este caso forma parte de la Operación «Recuperemos América», una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación «Recuperemos América» optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN).
