En un fallo significativo para la administración de justicia y el interés público, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó la Sentencia emitida el 23 de julio de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, la cual desestimaba el caso de cobro de dinero presentado por el Municipio de Cataño contra Waste Collection Corp. y el Sr. Oscar Santamaría Torres (Caso Civil Núm.: SJ2021CV08376).
Durante el proceso previo, los demandados solicitaron que el caso fuese resuelto mediante sentencia sumaria, evitando así la celebración de un juicio plenario. El Tribunal de Primera Instancia acogió dichas solicitudes, dejando sin efecto el reclamo del Municipio. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que, debido a la relevancia de los fondos públicos involucrados y al alto interés público del caso, el mismo debe resolverse mediante un juicio plenario que permita examinar todas las pruebas de fondo.
El Municipio de Cataño presentó la demanda el 22 de diciembre de 2021, buscando recuperar $13,418,333.30 en fondos públicos adjudicados por contratos suscritos entre Waste Collection Corp. y el exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo. Además, el Municipio reclama $250,000.00 por daños y $100,000.00 en honorarios de abogado, señalando irregularidades en la administración de estos recursos
“Aunque este no es el final del camino, celebramos la determinación del Tribunal de Apelaciones. Esta decisión nos da la oportunidad de demostrar en un juicio lo que hemos sostenido desde el principio: que esos fondos pertenecen al pueblo de Cataño y deben ser recuperados”, expresó el alcalde Julio Alicea Vasallo. “A mi querido pueblo, les reitero mi compromiso de hacer justicia y devolver cada centavo mal utilizado. No merecemos menos,” añadió.
Por su parte, el representante legal del Municipio, Lcdo. Christian Arvelo Forteza, afirmó: “Confiamos en que este juicio permitirá demostrar las irregularidades en el manejo de fondos públicos. Estamos preparados para el proceso y trabajaremos incansablemente hasta que se haga justicia”.
El caso regresa ahora al Tribunal de Primera Instancia, que deberá programar las fechas para la celebración del juicio plenario. Este proceso promete ser crucial para establecer responsabilidades y asegurar la transparencia en la administración de recursos públicos.
