(San Juan PR, 2 de octubre del 2022).-El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, junto al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, el portavoz de la mayoría, Angel Matos García, y la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, hicieron un llamado a las organizaciones comerciales, industriales, profesionales, sindicales y sin fines de lucro con presencia en Puerto Rico a unir esfuerzos en vías de lograr salvar la tarjeta de salud.
Por medio de una Carta Abierta al sector privado y al resto del país, los líderes de la mayoría parlamentaria advirtieron que Puerto Rico enfrenta una amenaza directa de pérdida de fondos para Medicaid, razón por la cual deben unir esfuerzos todos los sectores para que esta problemática se atienda a nivel legislativo federal.
“El Plan Fiscal Certificado para el año 2021 se diseñó y aprobó basado en tres premisas. Primero, que el Gobierno Central carecía de los recursos para cumplir con su obligación de pagar el servicio de la deuda según pactado. Segundo, que la eventual pérdida de la acreditación a nivel federal del arbitrio del 4% a las manufactureras representaría una reducción de aproximadamente $2 mil millones de dólares en recaudos para el gobierno. Tercero, y último, que Puerto Rico no recibiría un aumento permanente los niveles de financiamiento del programa Medicaid.”, indicó Hernández Montañez.
“La Cámara de Representantes ha cumplido su palabra de forma consistente, honrando su compromiso de atender la crisis fiscal de Puerto Rico de forma exhaustiva y responsable. El récord histórico reflejará para la posteridad que esta Cámara lideró cada esfuerzo para aprobar la Ley 53-2022, conocida como “Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”, completando así los pasos para reestructurar la deuda del gobierno central; y la Ley 52-2022, conocida como “Ley para la estabilización de las finanzas públicas de Puerto Rico”, para establecer una transición efectiva del arbitrio de 4% aplicable al sector manufacturero, hacia un modelo de contribución sobre ingresos, salvaguardando el 50% de nuestra economía, el 30% de los recaudos del fondo general y 80,000 de los empleos mejor remunerados en la Isla.”, añadió.
“De igual forma, hemos capitaneado los esfuerzos para aprobar los primeros dos presupuestos balanceados consecutivos de Puerto Rico, y otras enmiendas al presupuesto general para cumplir con las obligaciones que establece el Plan de Ajuste de la Deuda, según confirmado por el Tribunal Federal de Título III de PROMESA.”, expresó el líder cameral.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, advirtió el peligro que representaría la reducción en el financiamiento del Medicaid para la salud de los puertorriqueños.
“A pesar de estos esfuerzos diligentes, Puerto Rico enfrenta una amenaza directa e inminente en el camino a la recuperación: la pérdida de fondos para Medicaid. De no atenderse al nivel legislativo federal, los resultados de cualquier reducción en el financiamiento de Medicaid sería, sin duda, desastrosa para Puerto Rico, pues: (1) la legislación actual solo garantiza $400 millones para la isla; (2) el costo actual del programa es de aproximadamente $4 mil millones; (3) el presupuesto total del fondo general es de $11 mil millones, lo cual imposibilita que se comprometa el 35% de nuestro presupuesto, aproximadamente $3 mil millones, para financiar el programa con fondos locales sin que se pongan en riesgo los servicios esenciales; y (4) el impacto que esto tendría sobre el Plan Fiscal actual, nuestros acuerdos con los acreedores y nuestros limitados recursos menoscabaría completamente cada uno de los logros hasta ahora alcanzados.”, subrayó Santa Rodríguez.
“Sencillamente, Puerto Rico se vería obligado a comenzar desde cero. La Junta y el Gobierno son directamente responsables de garantizar que evitemos esta calamidad para el bien de Puerto Rico.”, añadió Santa Rodríguez
De otra parte, la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, recordó que la Junta de Control Fiscal está al tanto de esta amenaza a la salud de los puertorriqueños. “La Junta reconoce esta realidad, y así lo plasmó en su Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico, describiendo el potencial desastre que representaría este escenario. Cualquier revisión que resulte en una reducción al financiamiento de Medicaid requeriría una reducción correlativa drástica en los servicios a los beneficiarios de Medicaid, reducciones a las tarifas para los proveedores de salud y sus servicios; y una reducción en el número total de beneficiarios.”, advirtió Higgins Cuadrado.
Del mismo modo, el portavoz de la mayoría, Angel Matos García, resaltó algunas de las gestiones realizadas en días recientes por varios sectores unidos en Washington DC. “Hemos trabajado de manera incansable para empujar al Congreso y a la administración del presidente Biden en la dirección correcta, a medida que se acerca esta situación. Tan solo en esta última semana, una delegación bipartida y multisectorial, compuesta de funcionarios electos de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), junto a representantes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, se reunió de frente con funcionarios electos y sus equipos del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los EU, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU, la Casa Blanca, y otros jugadores claves en los sectores sin fines de lucro y de cabildeo en Washington, DC. El consenso es unánime: cualquier reducción al financiamiento de Medicaid para Puerto Rico menoscabaría la recuperación de Puerto Rico de forma permanente.”, abundó Matos García.
“Se arriesgan vidas. Este asunto debe atenderse sin demora alguna. Por esta razón, durante el día de hoy, le hemos cursado una carta a la JSAF para solicitarle su colaboración en transmitir este mensaje al Presidente, al Congreso y a cualquier otra parte con un interés o participación en este asunto. Así las cosas, le solicitamos encarecidamente al sector privado de Puerto Rico que se unan a en este esfuerzo para garantizar la estabilidad de nuestro sistema de salud, forjando así el camino para establecer una infraestructura de salud confiable y bien financiada, que honre el ofrecimiento de servicios de salud en Puerto Rico como la prioridad más alta para la salud humana y el bienestar fiscal de la isla.”, concluyeron los legisladores populares en la misiva.
