El Capitolio, San Juan, PR – El senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot, y el senador por el Partido Nuevo Progresista, Henry Neumann Zayas, radicaron la Resolución del Senado 104 para que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano –presidida por Neumann Zayas– investigue la razón por la que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una certificación que argumenta que las protecciones a los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1, mediante la Ley 32-2020, son incompatibles con el plan fiscal. La certificación surgió a pesar de que los fondos del Sistema 9-1-1 no se nutren del Fondo General.
La Comisión, además, deberá investigar el estatus de la Ley 32-2020 que pretendía proteger los fondos del 9-1-1 para evitar el incumplimiento con las disposiciones federales y evitar la pérdida de los mismos, y para garantizar la seguridad y atención inmediata a las personas que requieran los servicios de la línea de emergencia.
El Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene la responsabilidad de ser el primer contacto al que recurran las personas que enfrentan alguna emergencia. A eso, se suma que el 9-1-1 es un ente autónomo porque no depende del Fondo General del Gobierno, sino que opera con fondos propios que surgen por cargos emitidos a los teléfonos. Asimismo, por causa de que el Sistema está bajo la supervisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), los servicios que se proveen deben ser transparentes, continuos y confiables.
La legislación federal dispone que los fondos obtenidos por concepto del 9-1-1 solo sean utilizados para atender situaciones mediante líneas de emergencia. De acuerdo con la medida, en 2014, Puerto Rico entró en incumplimiento con esas regulaciones federales porque los fondos del 9-1-1 comenzaron a ser transferidos al Fondo General para atender otros asuntos. En octubre de 2020, la Oficina del Contralor informó que entre 2014 y 2017 se desviaron $12 millones en fondos del 9-1-1.
“Durante años, se han transferido fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 al Fondo General para otros asuntos no relacionados con el sistema de emergencias, en violación a las leyes federales y en menoscabo de la seguridad pública. Es por esto que el Senador Neumann y este servidor presentamos legislación que se convirtió en Ley, pero ha sido obstaculizada por el propio gobierno con ayuda de la Junta de Control Fiscal.”, reiteró Vargas Vidot.
Según se desprende de la medida, para proteger los fondos del Sistema, la legislatura aprobó la Ley 32-2020. No obstante, luego de su firma, la AAFAF sometió la certificación con argumentos de que las protecciones a los fondos del 9-1-1 no son compatibles con el plan fiscal. Hasta el momento, AAFAF no ha provisto información que apoye su argumento, aun cuando la propia JSF se lo ha solicitado.
