El Capitolio – La presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, Rosamar Trujillo Plumey, inició hoy vistas públicas en torno a la Resolución del Senado 107, para investigar alegadas irregularidades del Departamento de la Familia (DF) en el Hogar Las Águilas en Ponce, el cual hay supuestos casos de maltrato y opera sin licencia.
“Mis respetos a las funcionarias que se han dado presencia a esta vista. Las expresiones son preocupantes porque son funcionarias especializadas con años de experiencia y según lo escuchado en sala se les está llevando a ejecutar unos procedimientos contrarios a lo que la ley y los manuales rigen…el proceso de apelación que lleva no detiene la cancelación de licencia, así que ellos han sido responsables diciendo que hay un hogar operando sin licencia, el procedimiento del Departamento no solamente para esto, sino para todos los hogares es la responsabilidad de que sus viejos estén bien, así que lo han hecho, han ido informando que se encuentran unos viejos en un hogar sin licencia o sea todo lo contrario a la responsabilidad del estado de ubicar envejecientes en lugares licenciados y libres de maltrato institucional”, destacó Trujllo Plumey en un aparte con medios.
A la audiencia comparecieron bajo juramento las funcionarias del DF, la exdirectora Oficina de Licenciamiento y actual trabajadora social, Llelidza Santiago Santiago; la especialista en licenciamiento a nivel central, Rosa Correa Ortíz; el director ejecutivo del programa de servicio de adultos bajo la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Eddie García Fuentes y Marisabel Vázquez Mojica, especialista en trabajo social en el servicio de maltrato institucional de adultos y quien ha laborado por 24 años en la agencia.
Ante preguntas de Trujillo Plumey, los deponentes señalaron que recibieron notificación por parte del DF indicándoles que de acudir a la audiencia, estarían asistiendo en su carácter particular. Esto fue cuestionado por los deponentes, quienes fueron citados por sus responsabilidades dentro del DF. La senadora preguntó por qué el Hogar Las Águilas sigue abierto. Santiago indicó que desconoce el por qué, ya que renunció a su puesto de confianza el pasado 16 de junio y había un plan de egreso que culminaba en 30 días (al 18 de junio) y vencían luego de su renuncia “así que desconozco las razones por el cual sigue operando”.
Santiago, leyó detalles de su carta de renuncia donde indicó que recibió instrucciones verbales de la subsecretaria, Lcda. Terilyn Sastre, de volver a evaluar la determinación de cancelación de licencia en busca de alternativas para que el establecimiento continuara operando, mientras se llevaba a cabo el proceso ante la Junta Adjudicativa.
“A mi juicio profesional, la acción que se me solicita va en contra del mejor interés y bienestar de la población vulnerable. Dada la insistencia en solicitar a quien suscribe, el firmar un documento que establezca y autorice la continuidad de operación de un establecimiento mientras se culmina el proceso apelativo, obviando el mejor interés y bienestar de los residentes; de manera formal pongo a su disposición el puesto de confianza de directora de Licenciamiento”, detalló la deponente.
Trujillo Plumey preguntó bajo qué parámetros se basa la oficina de licenciamiento cuando decide no otorgar licencia. Santiago explicó que son por aspectos de regulación, por recomendación de la Unidad de Maltrato Institucional (UMI) donde se haya concluido en investigación maltrato o negligencia. Sostuvo que UMI preparó el informe con la indicación del cierre de dicho hogar y la Oficina de Licenciamiento validó el mismo.
Por su parte, Correa Ortíz explicó que el referido llegó el pasado 9 de mayo… “luego analizamos el informe y el 11 de mayo se hace llegar a la Región de Ponce la determinación. Según la recomendación nos acogimos a la no renovación de licencia. Aproximadamente el 18 de mayo se reúne la OMI con la operadora del hogar para un tiempo determinado para remover la matrícula con un tiempo determinado de 30 días”.
Igualmente, la senadora cuestionó después que determinan que no se puede proceder qué ha sucedido de ahí hasta el presente. La deponente señaló que la unidad de licenciamiento llamó a la Región de Ponce para ofrecer alternativa a los familiares de reubicación a los pacientes. “Se visitó el establecimiento, culminó el término de 30 días, y se le solicita a la Región que sometan un “Injuction”…Este Injuction hace un orden cronológico de todos los procesos que se hicieron para que el Departamento de Justicia actúe”, explicó. A preguntas de la senadora, Correa indica que luego de un seguimiento a la división legal del DF sobre el referido aún no ha recibido respuesta sobre el interdicto sometido.
En el turno de preguntas de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, Correa indicó que luego de someterse el interdicto, tuvo una conversación con el director regional de Ponce quien tenía una carta extendiendo por 60 días el cierre de dicho Hogar, siempre y cuando los familiares firmaran un relevo de responsabilidad y la unidad estaría visitando dos veces el hogar. Rivera preguntó si esta extensión es un procedimiento ordinario de la agencia, y la deponente respondió que es la primera vez en 22 años que escuchó sobre ese proceder. En iguales términos, Santiago respondió que lleva 16 años en la agencia y nunca había visto que el estado renunciara a su responsabilidad mediante una firma de relevo de responsabilidad.
Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, cuestionó si la extensión de la licencia se realizó mediante documento o de manera verbal. Correa respondió que en una conversación informó a la Región de Ponce del DF, y a la Unidad de Licenciamiento que no estaba de acuerdo con esa determinación y se le envió por correo electrónico.
Asimismo, Trujillo cuestionó a García Fuentes por qué el DF no ha hecho eficaz el cierre del Hogar Las Águilas. El deponente indicó que desconoce el proceder que se ha realizado al presente. Señaló que en sus 23 años como funcionario del DF no había visto una situación similar. A su vez, García defendió el trabajo que hacen las unidades del DF.
Por su parte, Vázquez Mojica señaló que avaló la recomendación de no renovar la licencia al hogar y declinó entrar en detalles por haber una investigación en curso. “De acuerdo con mi criterio profesional no debía darse más tiempo de lo señalado que fue un mes. Entendíamos que ese era el tiempo ordenado para el proceso. Más allá de ese periodo de tiempo no era seguro que los residentes permanecieran en el lugar y así lo notificaron”, explicó.
Por su parte, Carmen González, secretaria del DF envió una ponencia escrita, en la que señala que no puede hacer expresiones sobre este asunto por existir una investigación y proceso en curso. “Es de conocimiento por medios de comunicación que el Hogar Las Águilas fue objeto de una investigación por parte de la Unidad de Maltrato Institucional de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia. Y que la determinación está siendo apelada ante la Junta Adjudicativa. De igual manera, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) lleva a cabo su propia investigación. Finalmente, el asunto está referido ante la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PRMFCU) del Departamento de Justicia, por lo que dicha dependencia tiene una investigación criminal en curso”, menciona la ponencia.
