(El Capitolio) — La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, que preside el senador Wilmer Reyes Berríos, evaluó hoy en vista pública el Proyecto del Senado 329, que busca desarrollar interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico, y la Resolución Conjunta del Senado 16, que ordena a PRITS a crear una aplicación para monitorear los procesos de subastas en la Isla.
“Ambos proyectos buscan mejorar la eficiencia en el gobierno, uno a través de procesos públicos de subastas y la utilización de inteligencia artificial, que ya está bastante avanzado… de igual forma, el otro proyecto que busca la interconectividad a través de las APIs en el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades buscando eficiencias para brindar mejores servicios”, expresó Reyes Berríos.
El Proyecto del Senado 329, de la autoría de Reyes Berríos, busca crear un marco regulatorio para el uso, desarrollo y propiedad de APIs en el Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo principal de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de datos y la reducción de la dependencia de proveedores externos.
Además, establece la creación de un sistema único de identidad digital para los contribuyentes, eliminando la duplicidad de gestiones y mejorando la eficiencia gubernamental. La Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) será la encargada de supervisar su implementación.
“Este proyecto tiene el potencial de transformar la relación del gobierno con sus ciudadanos, haciendo los servicios más accesibles y efectivos para todos los puertorriqueños”, expresó la presidenta de Onboard LLC, Nannette Martínez Ortiz. Por su parte, Antonio Sosa Pascual, miembro de la Junta de Puerto Rico IT Cluster, respaldó la medida, aunque recomendó varias enmiendas, como la necesidad de establecer directrices claras sobre los derechos y responsabilidades de los proveedores involucrados en el desarrollo de APIs, ampliar el período de cumplimiento, crear un comité asesor para PRITS y diseñar un plan de transición estructurado con colaboración público-privada.
De igual forma, el vicepresidente de Internet Society Puerto Rico, Alfredo Calderón avaló el proyecto, destacando que “es un paso crucial hacia la modernización del gobierno digital, la interoperabilidad entre agencias y la soberanía tecnológica de la Isla”. Además, enfatizó en la importancia de diseñar APIs accesibles y compatibles con dispositivos móviles, así como garantizar la inclusión de servicios para personas con diversidad funcional.
“El éxito de una plataforma basada en APIs depende de su accesibilidad y facilidad de uso. Se deben diseñar APls con interfaces accesibles y compatibilidad con dispositivos móviles. Implementar una plataforma centralizada donde los ciudadanos puedan gestionar sus credenciales digitales simplificará los trámites y mejorará la experiencia del usuario. Asimismo, es importante asegurar que los servicios digitales sean multilingües y accesibles para personas con diversidad funcional, garantizando la inclusión y equidad en el acceso a los servicios gubernamentales”, agregó.
Por otro lado, la Resolución Conjunta del Senado 16, también presentada por Reyes Berríos en coautoría con el senador Santos Ortiz, ordena a PRITS desarrollar una aplicación basada en inteligencia artificial (IA) para monitorear los procesos de subasta pública en Puerto Rico. Esta herramienta permitiría identificar patrones sospechosos, emitir alertas y generar reportes en tiempo real para prevenir prácticas deshonestas y garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos. PRITS tendrá 90 días para presentar un plan detallado de implementación y coordinar con agencias fiscalizadoras como la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.
“La solución técnica propuesta por la R.C. del S. debe consistir en un sistema híbrido IA-humano que actúa como guardián permanente de los procesos de contratación. La IA aportará velocidad y capacidad de análisis masivo, mientras que los funcionarios públicos aportarán el juicio contextual y la acción correctiva cuando se detecten problemas. Con una implementación cuidadosa, Puerto Rico no solo protegerá mejor sus fondos públicos, sino que enviará un mensaje contundente de cero tolerancia a la corrupción, restaurando la confianza en que cada dólar del pueblo es administrado con rigor y transparencia”, sentenció Marc Maceira Zayas, asesor y profesional de industrias tecnológicas.
Aunque respaldó la medida, la presidenta de Onboard LLC recomendó que el desarrollo de esta aplicación se base en un marco de manejo de riesgos de inteligencia artificial para identificar, evaluar y mitigar posibles impactos negativos en los usuarios y la sociedad. “De determinar que el mecanismo ideal para hacer cumplir los objetivos de integridad y transparencia esbozados en esta medida se beneficiaría del uso de inteligencia artificial, sería crucial reducir el riesgo de la misma para que sus decisiones sean éticas, transparentes y seguras, minimizando posibles impactos negativos en los usuarios y la sociedad”, añadió Martínez Ortiz.
Por su parte, el subadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Joel Fontánez, expresó su apoyo a la iniciativa, aunque destacó que ya existe un sistema con un propósito similar al de la R.C. del S. 16. No obstante, a preguntas de la senadora Ada Álvarez Conde, Fontánez reconoció que la medida introduce inteligencia artificial, una tecnología que aún no ha sido implementada en el sistema existente, el cual, además, no cubre las subastas municipales.
Ante cuestionamientos del senador Eliezer Molina sobre el envío de notificaciones de subastas a licitadores inactivos en el Registro Uniforme de Licitadores y Proveedores de Servicios Profesionales, Fontánez sostuvo que “está correcto avisar a todo el mundo las subastas disponibles y estatus de los procesos, porque hace un proceso más limpio y transparente”.
Ambas medidas buscan modernizar y fortalecer la eficiencia gubernamental a través de la tecnología, garantizando la transparencia, la seguridad de la información y la optimización de los recursos públicos.
