(El Capitolio) — La Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por la senadora Brenda Pérez Soto, realizó hoy una vista pública para atender la Resolución del Senado 40, de su autoría, con el fin de investigar las agresiones entre estudiantes en los planteles escolares de Puerto Rico.
La resolución surge ante la creciente preocupación por los incidentes de violencia en las escuelas y la necesidad de evaluar la efectividad de los protocolos de seguridad y disciplina en vigor. La investigación no solo cubre las agresiones físicas, sino también la actuación de los Comités de Disciplina escolares y el impacto negativo de la difusión de videos de violencia, los cuales pueden revictimizar a los afectados y generar ansiedad en la comunidad escolar.
“Hay mucha política pública, reglamentos y protocolos a seguir, nosotros en conjunto al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) debemos llevar a cabo campañas de orientación a estudiantes y padres sobre esta política pública y recomendamos enmendar el reglamento de estudiante sobre el uso de los celulares”, expresó Pérez Soto.
El Comisionado de Seguridad del DEPR, César Omar González Cordero, explicó que el Departamento cuenta el Reglamento General de Estudiantes 9243, “que tiene como propósito establecer las normas, derechos, responsabilidades y procedimientos que rigen la convivencia y el comportamiento dentro del sistema educativo público”.
Según la ponencia del Departamento, los objetivos de este Reglamento son establecer los derechos fundamentales de los estudiantes, regular la disciplina escolar para que proporcione un marco para manejar situaciones de indisciplina, establecer procedimientos para la resolución de conflictos y garantizar la participación de la comunidad escolar mediante notificación a los padres o encargados del estudiante.
Ante esto, el senador Ángel Toledo comentó que “las escuelas son un reflejo de la sociedad, y la gestión en las escuelas es una gestión de comunidad, porque los niños y las niñas van a reflejar lo que ven en la sociedad”. Además, enfatizó la necesidad de abordar la violencia para crear un ambiente seguro en los planteles, más allá de los reglamentos escritos.
González Cordero señaló que la integración entre las comunidades y las escuelas es un proceso necesario en el DEPR, especialmente luego de situaciones como el huracán María y la pandemia del COVID-19, las cuales han generado un impacto emocional significativo en los estudiantes. “Nosotros hacemos actividades preventivas dentro de los planteles escolares… Debemos crear algo, una obligación, a los tutores legales para que participen de adiestramientos que van dirigidos al área emocional, más allá de las conductas de los estudiantes, porque hay un vacío… la responsabilidad emocional del niño recae un 50 por ciento de responsabilidad en los padres”, añadió.
Ante preguntas de la presidenta de la Comisión sobre la tardanza en la implementación de protocolos, el comisionado expresó que deben realizarse mayores esfuerzos para educar a directores escolares y regionales sobre el manejo de situaciones particulares y para que conozcan las agencias pertinentes a cada caso.
“Es bien importante que se conozcan las diferentes agencias, el director que es usualmente el que se encuentra activo. Muchas veces cuando el director llama al cuartel más cercano, los agentes no quieren tomar la querella porque son menores de edad. Hace falta una comunicación efectiva, si hay una llamada, una emergencia, hay que trabajarla”, sentenció Pérez Soto.
Por otro lado, la senadora Karen Román manifestó su preocupación sobre el uso de la tecnología tanto en las escuelas como en los hogares, señalando que “los niños, lamentablemente, se sientan a ver programas educativos o noticias, pero están viendo la violencia desde el televisor, también tienen una influencia bien grande en los celulares. Hoy día nace un niño y los padres le sueltan un celular. Hay que buscar las maneras de regular estas tecnologías”
Por su parte, González Cordero responsabilizó a los tutores legales por estas prácticas, ya que el DEPR no tiene injerencia sobre lo que ocurre fuera de los planteles. “El DEPR ya hizo una carta circular para expresar su política pública ante el uso de estos, no obstante los teléfonos celulares tienen que tener un control en el hogar. Nosotros como Departamento podemos poner muchas políticas públicas, yo no puedo registrar a ese niño todos los días para que no traiga el teléfono celular al área de clases”, explicó.
Asimismo, mencionó la necesidad de aprobar el Proyecto de la Cámara 179, presentado por el representante Jorge “Georgie” Navarro, que propone prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas de Puerto Rico en los grados de nivel elemental.
Por su parte, Pérez Soto recalcó que actualmente el artículo sobre el uso de los celulares en el Reglamento Escolar necesita ser enmendado ya que, se pueden utilizar los dispositivos antes del primer timbre de entrada, durante tiempo de almuerzo y luego del timbre de salida, que son precisamente los horarios en los que se han reportado más incidentes de violencia.
Finalmente, según el comisionado de Seguridad del DEPR, ha habido una reducción en los incidentes de violencia en los planteles. Los datos, propiciados por González Cordero, reflejan que en 2020 se documentaron 600 incidentes, mientras que en 2024 se registraron 172, lo que atribuyó a la integración de los protocolos de seguridad en los planteles escolares. Actualmente, existen acuerdos con instituciones como ASSMCA y el Negociado de la Policía, entre otras agencias, para brindar adiestramientos diarios en el DEPR.
El objetivo de esta medida es garantizar que los planteles sean entornos seguros, promoviendo una cultura de respeto y bienestar para todos los estudiantes. La senadora Pérez Soto adelantó que, a partir de los hallazgos, se esperan establecer protocolos más eficaces para la prevención y atención de estos incidentes.
