El Capitolio – El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz la derogación de la elección especial que conforma el colectivo de cabilderos para la lucha y defensa de la estadidad en Washington D.C. El Proyecto de la Cámara 21 deroga la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020, aprobadas el pasado mes de diciembre de 2020, por la pasada Asamblea Legislativa.
“Este Proyecto de la Cámara 21 es un favor al Partido Nuevo Progresista; yo creo que si ustedes quieren alejar la posibilidad de la estadidad hablen con el Partido Nuevo Progresista, todo lo que han hecho, no ha sido por acercar el “issue” de la estadidad”, señaló el portavoz del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau.
Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, mediante la Ley 165-2020, conocida como la Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, se le delegan poderes al Gobernador que son inherentes de la Asamblea Legislativa para que, a través de Órdenes Ejecutivas, diseñe el contenido de la papeleta de manera unilateral, así como otros procesos de votación o ratificación de votaciones. Lo que según los autores de la medida que conforman la mayoría parlamentaria de la Cámara Baja, la delegación del Partido Popular Democrático, catalogan que estarían dándole un “cheque en blanco” al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, para que legisle por decreto, sin la intervención de la Asamblea Legislativa tal y como expone el actual sistema constitucional.
Contrario a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes manifestaron su oposición a la medida, las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Proyecto Dignidad (PD) ejercieron su voto a favor.
La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago catalogó la ley aprobada bajo la pasada Asamblea Legislativa como una utilización de fondos públicos ilegítima. “Me parece que implica un uso de fondos públicos ilegítimo, ya que requerirá una inversión millonaria tanto para la convocatoria, para la elección especial, como para el salario de los cabilderos”, insistió la legisladora.
Por su parte, la senadora del PD, Joanne Rodríguez Veve, sugirió se celebre un proceso con todas las fórmulas de estatus. “Se requiere desprendimiento, como partido, Proyecto Dignidad decidió que cualquier proyecto que se impulse debe ser uno justo con cláusulas no territoriales y no coloniales. Compañeros, les propongo que fijemos como meta que se celebre un proceso justo donde participemos todas las facciones interesadas, un proceso democrático, donde se oriente sobre todas las fórmulas de estatus no territoriales; tan solo así, podremos cambiar el rumbo de la historia”, exhortó.
Asimismo, la senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén dijo que “si hay un tema que divide a este país es el tema del estatus. De entrada, tenemos que decir que apoyamos la descolonización de Puerto Rico, a través de un mecanismo como es la Asamblea Constitucional de Estatus en la que estarían incluidas todas las fórmulas fuera de la cláusula territorial para que el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer de manera informada la voluntad de resolver el problema del estatus. Todas las voces deben tener igualdad de derechos y es imperativo resolver le problema del estatus político de Puerto Rico”.
La senadora popular, Gretchen Hau expresó que “es increíble escuchar la justificación [por parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista] de las leyes 165 y 167 y defender los costos que esto implica. Estamos hablando de dos leyes que a todas luces les usurpa sus derechos como senadores y como senadoras… No pongan sus ideologías por encima de sus responsabilidades. Ustedes tienen un compromiso con sus constituyentes”.
El informe presentado por la Comisión de lo Jurídico que preside la senadora Hau, expone que el Partido Nuevo Progresista (PNP), no presentó los comentarios solicitados. Por otro lado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dijo que la determinación legislativa de derogar, modificar o sostener las leyes 165 y 167 de 2020 o cualquier otra disposición legal en material electoral, “es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa”. Ahora la pieza legislativa pasa a manos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, para su correspondiente consideración previo a su firma.
Por otro lado, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 213, de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, para enmendar la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico con el fin de disponer que la creación o contratación de la agencia con compañías, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas para determinados fines, deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente.
También, el Senado dio paso al P. del S. 154 de la autoría del senador William Villafañe Ramos que busca declarar el mes de noviembre de cada año como el Mes de la Dislexia en Puerto Rico y designar el día 8 de noviembre como el Día de la Concienciación sobre la Dislexia, así como derogar la Ley 176-2015. Además, se aprobó la R. del S. 108 de la autoría de la senadora Rosamar Trujillo Plumey que ordena a la Comisión de Cooperativismo del Senado realizar una investigación sobre todas aquellas materias, áreas y asuntos de su jurisdicción encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resolución del Senado 40, la cual dispone la jurisdicción de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.
