El Capitolio – El Senado avaló, con 21 votos a favor, una medida que busca prevenir que los niños sean víctimas de trata humana e incesto.
Se trata del proyecto del Senado 1289 de la autoría de la senadora popular, Elizabeth Rosa Vélez, que busca enmendar el “Código Penal de Puerto Rico” y “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de añadir los delitos de incesto y trata humana perpetrados contra menores de edad entre las exclusiones para conceder el beneficio de rehabilitación; atemperar las disposiciones de ambos estatutos y para otros fines relacionados.
En su turno sobre la medida, Rosa Vélez expresó que “con este proyecto buscamos mitigar por lo menos el sufrimiento de nuestros niños… aun cuando la política pública es la rehabilitación del confinado entendemos que los convictos por delito de trata humana e incesto deben de estar excluidos de poder cualificar para solicitar dicho beneficio… Si fuera por mí, yo botaría la llave de los que maltratan y abusan a nuestros niños”.
Según expone el proyecto, “en tiempos recientes se ha manifestado un aumento en los casos de maltrato de menores, abuso sexual e incesto que han conmocionado a Puerto Rico. Aun cuando se reconoce el mandato constitucional hacia la rehabilitación del confinado, resulta necesario excluir a los convictos por delitos de incesto y trata humana perpetrado contra menores de edad del privilegio de libertad bajo palabra; al igual que ocurre con los convictos al amparo del inciso (c) del Artículo 93 de la Ley 146-2012. Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa considera necesario aprobar esta Ley como una estrategia adicional para desalentar la comisión de estos delitos, así como para proteger a la niñez y juventud”.
Otra pieza legislativa avalada por el Alto Cuerpo fue el proyecto del Senado 571 de la autoría de la senadora novoprogresista, Marissa Jiménez Santoni, que busca enmendar la Ley 293-2004, conocida como la “Ley del Fondo Permanente para la Preservación Ambiental de Culebra”, a los fines de incluir al Municipio de Vieques como parte de los participantes del Fondo Permanente.
Según presenta la medida, la Ley 293-2004 creó un Fondo que se estaría financiando a través del cobro de una tarifa adicional de dos dólares a cualquier visitante que ingrese a Culebra, excluyendo a los residentes y comerciantes bonafide de dicho importe.
“Al aprobarse dicha Ley se excluyó el Municipio de Vieques, el cual, al igual que el Municipio de Culebra, poseen recursos naturales únicos en el mundo y que también se ven afectados por la visita de turistas cada año. A estos fines, es imperativo que ambas Islas Municipios posean el financiamiento adecuado para proteger todos estos recursos naturales”, lee en su exposición de motivos.
Además, se le dio paso a la resolución concurrente del Senado 26 de la autoría de la senadora novoprogresista, Keren Riquelme Cabrera, para expresar el más firme y enérgico rechazo a la construcción en la jurisdicción de Puerto Rico de plantas nucleares de generación de electricidad, o cualquier otro sistema cuya tecnología se base en el uso de material radioactivo como combustible principal o auxiliar, independientemente de su propósito.
En su turno, el senador de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, dijo que “se nos hace particularmente urgente que nuestra Legislatura exprese al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que estamos en contra de la instalación de este tipo de generador en el ter de Puerto Rico por todos los peligros que representa para nuestra vida y nuestra salud”.
Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón, expresó que “me parece que es una gran señal que la oposición a la construcción en Puerto Rico de plantas nucleares sea algo que se extienda a través de las diversas delegaciones [que constituye este Senado]”.
Igualmente, el cuerpo legislativo avaló las resoluciones del Senado 785 y 842 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. La RS 785 propone realizar una investigación sobre la operación y funcionamiento del Programa de Servicios y Prevención de la Violencia Familiar, que se ofrecen a través del Departamento de la Familia, en cumplimiento con “The Family Violence Prevention and Services Act”. Mientras que la RS 842 busca se investigue las gestiones de cobro de cuentas morosas del Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
