El Capitolio— Como parte de los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria, fue aprobado el Proyecto del Senado 729, de la vicepresidenta Marially González Huertas, para enmendar la “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, con el fin de brindar mayor protección a una víctima tipificando como delito menos grave la publicación bajo amenaza de fotos, videos o cualquier material explícito que ponga en detrimento su dignidad como persona.
“La protección de la dignidad del ser humano es un derecho cobijado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En vías de ser preventivos y desalentar cualquier práctica dirigida a la exposición de una «Venganza Pornográfica», esta Asamblea Legislativa entiende meritorio tipificar como delito menos grave amenazar con realizar un acto afirmativo que pueda culminar en que se difunda, divulgue, revele o ceda material explícito de una víctima a terceros”, señala la medida en su exposición de motivos.
En su turno, González Huertas expresó que “esta enmienda técnica le brinda mayor protección a una víctima para así evitar que se publiquen fotos, vídeos o cualquier material explícito que ponga en detrimento su dignidad como persona. Actualmente, las autoridades están con las manos atadas, ya que la ley no contempla esta modalidad”.
La medida que va en dirección de tipificar como delito menos grave la conducta de amenazar con difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética; incluyendo la temeridad como elemento subjetivo del delito.
Por otra parte, durante un turno inicial el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, hizo referencia a la Resolución del Senado 588, que se lleva a cabo para investigar el resultado y desempeño de las APP actuales. De esta forma, adelantó que una vez culmine la investigación buscará intervención del tribunal para que se revisen dichos contratos.
“Le hemos pedido espacio al cuerpo hermano para llevar a cabo esta investigación de las métricas que establecen estos contratos de P3 en aras de solicitar la intervención a los Tribunales de Puerto Rico y que la Asamblea Legislativa le solicite revisión judicial de estos contratos. Contratos que se han hecho para enriquecer injustamente a personas y corporaciones de este país, contratos que van en detrimento de los fondos públicos y la administración pública”, sostuvo Aponte Dalmau.
Igualmente, señaló que “el tribunal es quien debe velar una vez nosotros cumplamos con el proceso investigativo…unir ambos cuerpos en un proceso de Resolución Conjunta de la Cámara 315 que busca la cancelación de este contrato de Luma y el Proyecto de la Cámara 1431 que también trabajaremos en consenso ambos cuerpos en aras de revisar la ley de las Alianza Público Privada. Aquí hay que establecerle a esta ley restricciones a la hora de contratar…Aquí no se puede hacer un contrato como el de Luma, de dos empresas que se juntaron de un día para otro, fueron al Departamento de Estado y de momento ganaron la subasta.
Asimismo, el Senado avaló la Resolución Conjunta 259 del presidente, José Luis Dalmau Santiago, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Transporte Integrado a priorizar el establecimiento de un horario mínimo de 12 horas de servicio durante los sábados y domingos para la Autoridad Metropolitana de Autobuses que se mantenga vigente por un periodo de noventa días.
Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 340, de la delegación novoprogresista con el fin de crear la “Ley para Facilitar la Inscripción de Documentos en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico”, a los fines de disponer que todos los documentos presentados en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico en o antes del 31 de marzo de 2016, se sometan a una calificación limitada. Esto en cuanto a los principios de especialidad y tracto registral; para disponer sobre documentos exentos de esta Ley; establecer un plazo para la inscripción de todos los documentos.
La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, expresó sobre la medida que “el problema del registro no es estatutario, esta medida tiene que ir acompañada de medidas administrativas, tienen que ser contempladas y le corresponde al Departamento de Justicia y al Registro de la Propiedad hacer lo propio”.
