Aprobó además la Resolución del Senado 17 para identificar los propietarios de estructuras en La Parguera y sus usos.
(El Capitolio) — El Senado aprobó hoy en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 297 que busca establecer la “Ley para establecer protocolo de manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos en Puerto Rico”.
“El proyecto establece una normativa muy clara. En aquellos casos de sospecha de agresión sexual en aquellas menores de 15 años o menos, lo que busca es que se establezca un protocolo para el manejo de dichos casos, y además que se exija el consentimiento de al menos de uno de sus padres tutor legal como norma general. En el caso de incesto… no exigir tal consentimiento, pero sí imponerles a las clínicas de aborto la obligación de llevar a cabo una custodia de emergencia al amparo de nuestra ley”, explicó la autora de la medida, la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
Según el texto de la medida, la legislación responde a la ausencia de requisitos específicos en el ordenamiento legal actual para suplir la capacidad de consentimiento en menores de edad que soliciten un aborto bajo las excepciones permitidas por el Código Penal.
El proyecto establece que el progenitor o custodio legal que acompañe a la menor deberá otorgar su consentimiento por escrito antes del procedimiento. Sin embargo, en casos donde el embarazo de la menor sea producto de abuso por parte de su progenitor o tutor legal, se eximirá este requisito. En tales situaciones, el personal médico tendrá la obligación de ejercer custodia de emergencia bajo la Ley 57-2023 y reportar el caso al Departamento de la Familia.
La senadora Roxanna Soto Aguilú se mostró a favor de la medida y destacó la importancia de atender la realidad que enfrentan muchas menores en Puerto Rico. “Es muy común estandarizar y normalizar las relaciones de hechos en menores de edad en Puerto Rico y ver totalmente común como vemos partos uno detrás del otro por menores de 18 años de edad. Este Proyecto de Ley, hasta cierto punto, trata de buscar un punto medio entre lo que son las dobles revictimizaciones”, expresó Soto Aguilú. No obstante, enfatizó la necesidad de garantizar apoyo y asistencia psicológica a las víctimas.
Como parte de la discusión, la senadora propuso una enmienda para incluir una entrevista privada con un consejero profesional certificado por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Este proceso permitiría identificar si la menor está actuando de manera voluntaria y referir el caso al Departamento de Justicia y al Departamento de la Familia. Además, la enmienda establece un mecanismo de recopilación de datos estadísticos para evaluar patrones de abuso en un período de 10 años.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la medida y resaltó la importancia de tomar acción ante estos casos. “Lo que ocurre es que cada uno de nosotros tiene que decidir algo. Y es, si no queremos hacer nada, o si vamos a aprobar una disposición, que atiende de alguna manera, y ahora con las enmiendas que presentó la compañera Soto, afina un poco más, un procedimiento, en el caso de las menores de 15 años o menos. La enmienda precisamente lo que busca es darle una garantía, digamos un poco más amplia y precisa que la versión original del proyecto”, afirmó.
Finalmente, durante la sesión, se aprobó una enmienda adicional propuesta por Rivera Schatz para que “todos los casos sean notificados al Departamento de Justicia”.
Además, fue aprobada la Resolución del Senado 17 de Rivera Schatz, para llevar a cabo una investigación cuyo propósito es identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público localizados en La Parguera; el uso (residencial o comercial) que se les está dando a dichas estructuras; así como los cambios o construcciones recientes realizadas en las propiedades allí ubicadas.
Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 23 de la autoría de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, “para ordenar a la Comisión Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de la carretera PR-10 en la jurisdicción de los municipios de Ponce y Adjuntas; identificar las deficiencias en los elementos de seguridad; identificar y proponer alternativas razonables para el mantenimiento y mejoras necesarias”.
