El Capitolio—Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, fueron aprobadas por unanimidad con 22 votos a favor, la Resolución del Senado 669 y la Resolución Concurrente del Senado 42, ambas de la autoría del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa a la propuesta que impondría un cargo fijo de $23 a $26 mensuales en la factura del servicio de energía eléctrica por los próximos 50 años, como parte del proceso de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la Ley PROMESA.
“La fallida negociación se hizo a espaldas del pueblo en momentos que el país sufría los embates del huracán Fiona y los 78 municipios sufrían un apagón total, el cual dejó a miles de comunidades sin servicio eléctrico y que, hasta el presente, comunidades continúan a oscuras. En detrimento de las necesidades y economía de los ciudadanos, la JSF propuso, además, que para el cargo de conexión a todos(as) los(as) clientes de la AEE se crearán unos instrumentos de valor contingente, los cuales establecerían que el pago del servicio dependería del consumo de la energía eléctrica. Por tanto, al aumentar el consumo aumentará la cantidad a pagarle a los bonistas”, señalan las piezas legislativas en su exposición de motivos.
Además, las medidas presentadas por el líder senatorial, mencionan que durante el pasado mes de junio se aprobó un aumento adicional en el costo de energía eléctrica, el cual representó el séptimo incremento consecutivo trimestral en el costo de esta. “No empece a ello, este nuevo cargo adicional constituiría el octavo aumento en el servicio, de manera fija, sin importar los cambios en el costo del petróleo”.
De igual forma, sostiene que “este aumento propuesto de $23 mensuales se utilizará para pagarle a los bonistas los sobre $9,000,000.00 millones en deuda en el proceso de quiebra de la AEE. Sin embargo, debido a que ninguna de las partes llegó a un acuerdo sobre el particular, se quedó sobre la mesa un posible acuerdo”.
Por otro lado, fue avalado el Proyecto del Senado 831 de la senadora del distrito Mayagüez- Aguadilla, Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines establecer un programa a nivel elemental, intermedio y superior sobre el reciclaje, la conservación del medio ambiente, la importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global.
El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, se expresó a favor de la pieza legislativa. “Vamos a votar a favor porque los temas son importantísimos…solamente si la sociedad interviene es que se puede atender el problema de los desperdicios…voto a favor que nuestras escuelas se discuta el tema de reciclaje y cambio climático pero hay que buscar las raíces de esos problemas sociales que estamos enfrentando”, sostuvo Bernabe.
Además, se le dio paso a la Resolución del Senado 483 presentada por Dalmau Santiago, para ordenar a la Comisión de Gobierno, realizar una investigación sobre la situación fiscal, operacional y administrativa de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico.
“Reconociendo que esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley 53- 2021, conocida como ‘Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico’, la cual le garantiza a la UPR una asignación de $500,000,000 millones en los próximos cinco años fiscales, además de las asignaciones por leyes especiales, resulta necesario fiscalizar la utilización de estos fondos y poder conservar la capacidad de la institución universitaria para llevar a cabo su vital misión educativa y asegurar los recursos necesarios para garantizar la acreditación de todos sus programas”, menciona la medida en su exposición de motivos.
También, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 245 del senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, para ordenar al Secretario del Departamento de Salud realizar una actualización del plan de reclasificación y retribución de la estructura salarial de los profesionales en puestos de Nutricionistas y Dietistas en su agencia; ordenar que dicho plan establezca para profesionales en puestos de Nutricionista y Dietista un salario base de $3,273 mensuales a personas con Bachillerato y $3,573 mensuales a personal con Maestría.
“Esta Asamblea Legislativa debe ordenarle al Secretario de Salud la revisión y actualización de las escalas salariales y retribuciones de los nutricionistas-dietistas de Puerto Rico. Este profesional de la salud merece una acción positiva al respecto. Es necesario que se actúe y se implante una adecuada retribución cónsona con los tiempos que vivimos y la labor vanguardista que rinden los nutricionistas-dietistas de Puerto Rico en beneficio de la comunidad puertorriqueña. Los nutricionistas-dietistas esperan por una justicia salarial”, sostiene la pieza legislativa.
De igual manera, fue aprobado el Proyecto del Senado 820 de la senadora novoprogresista, Keren Riquelme para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1979, según enmendada, con el fin de instituir el Día del Facilitador Docente en reconocimiento de la valiosa labor de apoyo, capacitación profesional y asistencia al personal docente de las escuelas de Puerto Rico. A la vez, fueron avaladas las Resoluciones Conjuntas del Senado 162 y 206; la Resolución del Senado 662 y en su reconsideración los Proyectos del Senado 576, 704 y la Resolución del Senado 658.
