Seis acusados fueron condenados por esquemas fraudulentos y extorsivos en el caso del Puerto de San Juan. Cuatro de ellos, acusados el 11 de agosto de 2022, dirigían una empresa criminal para extorsionar y engañar a compañías navieras, exigiendo pagos por la carga y descarga de mercancías en los muelles 9, 10 y 11, amenazando con huelgas y bloqueos por parte de miembros de la ILA-1740 de la Asociación Internacional de Estibadores, AFL-CIO.
Los otros dos imputados participaron en “chimbos”, un esquema de uso fraudulento de tarjetas sindicales para aparentar trabajo y acumular horas para beneficios de salud en el Plan de Bienestar UTM-PRSSA.
Las sentencias impuestas son:
– Pedro Pastrana González: 21 meses de prisión, un año de libertad supervisada, restitución de 242,042.69 dólares.
– Iara I. Clemente Rivera: Tres años de libertad condicional, restitución de 150,000 dólares.
– Carlos C. Sánchez Ortiz, alias “Kaito/Caito/Presidente”: Tres años de libertad condicional, restitución de 10,000 dólares.
– Jorge I. Batista Maldonado: Dos años de libertad condicional, restitución de 50,000 dólares.
– José A. Fernández Cruz, alias “Toñito”: Un año de libertad condicional, restitución de 3,567.17 dólares.
– Carlos A. Hernández Laguer, alias “Brea”: Un año de libertad condicional, restitución de 3,567.17 dólares.
Los condenados, según el estatuto 29 U.S.C. § 1111, están prohibidos de ocupar cualquier posición con autoridad de decisión en un plan de beneficios laborales por trece años. Carlos C. Sánchez Ortiz también acordó, bajo el estatuto 29 U.S.C. § 504, no ocupar cargos sindicales por trece años, por lo que debe renunciar inmediatamente como presidente de la ILA-1740 y del Plan de Bienestar UTM-PRSSA.
La acusación fue anunciada por W. Stephen Muldrow, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan; Jonathan Mellone, Agente Especial a Cargo de la Región de Nueva York, Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina del Inspector General; Megan Underwood, Directora Regional del Noreste de la Oficina de Normas de Administración Laboral (OLMS); Crystal Colemen, Directora Regional Interina, Oficina Regional de Atlanta, Administración de Seguridad de Beneficios de Empleados (EBSA); y Juan A. Vargas, Inspector en Funciones a Cargo, Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, División de Miami.
La investigación estuvo a cargo del FBI, en colaboración con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos—Oficina del Inspector General, Administración de Seguridad de Beneficios de Empleados, Oficina de Normas de Administración Laboral, Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. También colaboraron la Policía Municipal de San Juan, la Policía Municipal de Carolina, el Buró de Policía de Puerto Rico y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.
La investigación se llevó a cabo en consulta con abogados de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso fue procesado por el Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Victor Acevedo Hernández.
