El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, aseguró esta mañana que no tiene información de que algún empleado de la Administración de Vivienda Pública (AVP) sea procesado en relación con el esquema de fraude del cual se declararán culpable mañana Walter y Eduardo Pierluisi.
“El tema de la cancelación no es objeto de una situación criminal. Es una cuestión civil de incumplimiento de contrato que entiendo no guarda relación”, dijo Rodríguez. “No tenemos evidencia de que un empleado haya obrado mal”.
Rodríguez indicó a la prensa que típicamente a empresas que administran residenciales como American Management & Administration (AMAC) se les asigna un presupuesto y lo administran. Eso incluye la adjudicación de contratos, hacer subastas y hacer compras pequeñas.
Rodríguez sostuvo que tendrá que consultar con el Departamento de la Vivienda Federal y con el FBI antes de determinar si la AVP o el Departamento de la Vivienda tienen la capacidad de recobrar el dinero robado.
Ayer, Rodríguez reconoció que, aunque se hicieron monitorías anuales sobre las operaciones de la empresa, no se detectaron irregularidades. AMAC administra residenciales desde 1995.
“La AVP estaba ajena”, dijo al recordar que la Oficina del Contralor también interviene en estas auditorías.
“Cuando el gobierno federal comienza la investigación, comienza luego del allanamiento a pedir información. Solicitan información de varias corporaciones y nosotros pudimos identificar que sobre uno de esos contratos no se nos había solicitado autorización”, dijo Rodríguez al explicar la razón por la cual AVP canceló los contratos con AMAC. En síntesis, la empresa necesitaba autorización para subcontratar y no pidieron esa luz verde.
