El Departamento de Justicia realizó una investigación amplia, extensa y minuciosa sobre la información recibida mediante un referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico en torno a las terminaciones de embarazo de menores de edad en clínicas de aborto.
Cada uno de los casos identificados fue investigado, teniendo como prioridad la protección de las menores, así como salvaguardar su salud y seguridad. Como resultado del proceso, se encaminaron investigaciones criminales ante la posible comisión de delitos sexuales contra dos menores de 15 años. De esta manera, procuramos procesar y lograr que se penalice a los responsables, para hacerles justicia a las víctimas.
En cuanto a la controversia relacionada a la notificación por parte de las clínicas de aborto, realizamos un análisis jurídico y concluimos que, de determinarse que incurrieron en conducta ilegal, la acción penal estaría prescrita por haber transcurrido el término establecido por ley para iniciar el procesamiento. Es indispensable que las agencias advengamos en conocimiento a tiempo de la posible comisión de delitos, sobre todo cuando podría involucrar a menores de edad.
El Departamento de Justicia reafirma su política pública en defensa de la niñez y el compromiso de atender con prioridad, diligencia y sensibilidad toda denuncia relacionada a la posible comisión de delitos contra los menores de edad. Exhortamos a la ciudadanía a velar y proteger a los menores, quienes son vulnerables a conductas nocivas que atentan contra su integridad y desarrollo.
