Cerca de 500 objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fueron presentadas por derecho propio al Tribunal de Quiebra, solicitando a la jueza Taylor Swain rechazar el plan para el pago de los bonistas de la AEE que contempla aumentos en la factura de la luz por los próximos hasta 50 años. Estas objeciones, presentadas por ciudadanos y ciudadanas sin representación legal se suman a las 30 objeciones presentadas por diversas organizaciones y resaltan el impacto económico y la insostenibilidad del plan propuesto.
Las mociones por derecho propio reflejan la realidad de familias puertorriqueñas en situaciones financieras muy precarias, y cuya salud económica, física y mental se verá gravemente impactada de ser aprobado este Plan de Ajuste.
Entre las objeciones presentadas está la de Merardo López López, retirado. Él y su esposa, paciente de cáncer, dependen del aire acondicionado y de una máquina de apnea del sueño para sobrevivir. Un aumento en su factura de la luz sería insostenible. De igual forma, Luis Alwin Amoros Álvarez, de 81 años, relató en su objeción que cuida a su esposa que sufre de Parkinson y paga casi $1,000 mensualmente en medicamentos.
Por su parte, Lauro Ortiz y su esposa, ambos retirados, detallaron que cuidan a su hijo incapacitado, y que ya no pueden costear los gastos, que incluyen equipo médico que necesita electricidad para funcionar. Como ellos, Juan Vázquez Ramos le explicó al Tribunal que vive con su cuñada incapacitada y que necesita un servicio eléctrico confiable, que está en bancarrota, y casi no puede costear el viaje a Guayama para visitar a su madre de 98 años.
Iluminada Rosario, maestra jubilada de 97 años, precisó en su objeción que recibe una pensión de $500 mensual con la que no podría asumir un nuevo aumento en la factura. De manera similar, Víctor Rodríguez, quien es jubilado e incapacitado: planteó que no tiene capacidad para costear los aumentos pues él y su esposa cuidan a su hija que tiene enfermedad crónica.
A estas objeciones presentadas se unen las de las comerciantes como Marta Moreno, dueña de una oficina médica en Bayamón, a quien le preocupa los impactos en su negocio, y Raquel María González, quien ya ha perdido aproximadamente el 25% de su ingreso a causa de la inestabilidad del sistema eléctrico.
Por su parte, la educadora Adriana Santana Santana, dueña de un centro educativo que ya se ha visto obligado a cerrar la mitad de sus facilidades por los aumentos de luz, relató que muy probablemente tendrá que cerrar su operación si aumenta aún más la factura.
Estas mociones por derecho propio se suman a las objeciones presentadas por la Asociación de Titulares de Condominios; Supermercados Selectos; Supermercado Econo; la Liga de Cooperativas, que alertaron que los nuevos aumentos podrían redundar en cierre de cooperativas; Asociación de Economistas, Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público; UTIER; Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica; Sistema de Retiro de la AEE; Asociación de Laboratorios Clínicos; Sociedad Bíblica de PR; Asociación de Colegios y Universidades Privadas; Asociación de Detallistas de Gasolina; MIDA; Liga de Ciudades de Puerto Rico; Cámara de Comercio; Asociación de Hospitales; Associated General Contractors; Asociación de Constructores; Colegio de Abogados y Abogadas; Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S.) y la Asociación de Industriales.Las organizaciones ambientales Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste; Amigos del Rio Guaynabo; Coalición de Organizaciones Anti Incineración; Comité Diálogo Ambiental; Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida; El Puente Enlace de Acción Climática; Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y Sierra Club Puerto Rico también presentaron sus objeciones.
Las vistas judiciales sobre el Plan de Ajuste de la Deuda están programadas para empezar el 17 de julio. Todas las objeciones se unen en un reclamo unísono a la Jueza Laura Taylor Swain de no confirmar el Plan por los graves daños que provocarían tanto a individuos como a comerciantes del país.