El Dr. César A. Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad, mediante carta le comunica a la Lcda. Nimia O. Salabarría Belardo, directora auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, lo inapropiada que fue la respuesta de su oficina a la solicitud de investigación por las expresiones altamente prejuiciadas de parte del Secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuelli Hernández en la audiencia pública sobre el Proyecto del Senado 495.
En el pasado julio, mediante comunicado de prensa Ética Gubernamental, cita en su primer argumento lo siguiente: “de las expresiones vertidas por Emmanuelli Hernández no se desprende que haya obtenido un beneficio para él, requisito esencial para que se configure una violación al artículo 4.2(g). No es posible establecer que, como resultado de las expresiones del secretario, surgió la obtención de un beneficio.” “Este argumento es equivocado pues no todos los incisos del artículo 4.2 tienen como requisito un beneficio económico. Esto es así para el inciso (o) usurpar un cargo o encomienda; inciso (p) destruir propiedad pública; inciso (q) declarar como verdadero lo que le conste que es falso; Inciso (r) omitir el cumplimiento del deber causando pérdida de fondos públicos”, argumentó el Vázquez Muñiz.
Luego cita el inciso 4.2(s): “Un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.” No se menciona para nada beneficio económico. “La interpretación de la ley fue equivocada por la misma agencia llamada hacerla cumplir”, añadió el presidente de Proyecto Dignidad.
Por otro lado, se cita una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, OEG v. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 que dice “la amplitud con la que puede ser interpretada una prohibición de este tipo no puede representar, en lo absoluto, una carta blanca para que la mínima percepción procesada y castigada…“ El video de la vista pública muestra un Secretario de Justicia desencajado, irrespetuoso, claramente prejuiciado y reiterándose en su posición de prejuicio contra la Senadora Joanne Rodríguez Veve, el movimiento que ella representa y los fundamentalistas. Fue un espectáculo vergonzoso a la vista de todos. No fue mínimo; fue demasiado.
Finalizando el comunicado emitido por Ética que: “No es posible establecer…una futura aplicación discriminatoria de las leyes.” “Ese argumento no es nuestro y es puramente especulativo. Nadie puede anticipar lo que va a ocurrir”, enfatizó el doctor Vázquez Muñiz.
Ni la carta recibida, ni ese comunicado publicado por la Oficina de Ética Gubernamental atienden el hecho de que el secretario incurrió en violación a la ley 178—2001, según enmendada, en su artículo 2(10), la cual dispone de manera puntual que el Secretario de Justicia de Puerto Rico no podrá “hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político partidista”. Las expresiones del secretario de Justicia, al utilizar el lenguaje “el movimiento al que usted pertenece” durante la audiencia pública y dirigida directamente a la portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, constituyen expresiones públicas de naturaleza político partidista, las cuales el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli está impedido de llevar a cabo.
Los fundamentos para esta provisión son claros, el conflicto de interés que suscita que un funcionario nombrado por el pueblo de Puerto Rico haga expresiones de prejuicio y parcialidad ya sea a favor de un partido o idea política o en contra de ella. Esa prohibición aplica también para los secretarios de Educación, de Hacienda y al Superintendente de la Policía.
Proyecto Dignidad es un partido político que busca provocar cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo. Surge como respuesta a las malas prácticas de los distintos gobiernos de las pasadas décadas. Durante mucho tiempo se ha delegado en los partidos tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su dignidad como pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficio para Puerto Rico.
El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a una quiebra moral, social y económica. Como partido civil de valores conservadores Proyecto Dignidad constantemente somete propuestas para todas las áreas de la sociedad, afirmando que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr el bien común para las familias y las comunidades.
