(El Capitolio – 9 de junio de 2022) – Puerto Rico está enfrentando una “profunda crisis” de asequibilidad de vivienda y una emergencia de alquileres ante el elevado índice de precio en el mercado registrado en los últimos años.
Así lo manifestaron hoy a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes organizaciones sin fines de lucro que atienden esta situación y el profesor Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La comisión cameral, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero, atendió este jueves un paquete de medidas que persiguen aplicar mecanismos para mitigar el problema que afecta, principalmente, a la clase trabajadora puertorriqueña.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1242, que propone establecer la Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico; el Proyecto de la Cámara 1331, para implementar un registro digital de arrendamiento privado; y la Resolución de la Cámara 643, que realiza una investigación sobre la gentrificación en la isla.
“Tanto el P.C. 1242 como el P.C. 1331 son proyectos necesarios en la dirección correcta, pero es un esfuerzo mínimo para atender la crisis de asequibilidad actual. Sin cambios significativos tendremos un Puerto Rico cada vez más segregado y desigual, donde unos vecindarios serán geografías de oportunidad y otros serán geografías del destierro”, expresó Santiago Bartolomei en su ponencia explicativa.
El investigador esbozó una serie de recomendaciones que instó a la Legislatura incluir en los proyectos para procurar el desarrollo de más medidas de mitigación complementarias, pero diferentes. Entre ellas, evitar el desplazamiento de residentes mediante la regulación de alquileres a corto plazo para desincentivar que se conviertan en unidades de vivienda para este uso comercial en las áreas de alta oportunidad.
También aseguró que se debe reformar el sistema contributivo sobre la propiedad para procurar que los valores a ser gravados reflejen los precios de mercado y estén atados a usos asequibles. Por último, resaltó la necesidad de aumentar el acervo de vivienda social y asequible, con prioridad en las áreas de alta oportunidad.
A corto plazo, Santiago Bartolomei recomendó procurar que el Departamento de la Vivienda (DV) priorice en áreas de alta oportunidad los más de $900 millones en financiamiento de brecha para el desarrollo de vivienda subsidiada a través del programa federal de créditos para residencias de bajos ingresos (LIHTC, en inglés).
“Implementar cualquiera de estas medidas requiere nuevas formas de gestionar el territorio y mantener constancia del uso de las propiedades en los municipios. Específicamente, los gobiernos municipales necesitan los recursos para mantener inventarios actualizados de las propiedades en sus territorios”, dijo Santiago Bartolomei.
El profesor agregó que se debe mantener un registro de arrendadores y arrendamientos, un mecanismo con el que coincidió la organización Ayuda Legal Puerto Rico. La licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora y fundadora de la entidad, compareció a la audiencia pública a favor de las tres medidas bajo evaluación.
Según la abogada, el registro de precios de alquiler es una herramienta que permitirá el establecimiento de política pública efectiva y la fiscalización de actores en el mercado de alquiler, así como el cumplimiento de sus responsabilidades contributivas.
La prohibición de incrementar los precios de alquiler durante la extensión del contrato en vigor fue otra medida primordial para Ayuda Legal, ya que la organización destacó que la falta de acceso a la información legal adecuada y de fiscalización del mercado permite que los caseros aumenten rentas cobijados en los costos de luz, agua, materiales u otros gastos generados.
De igual forma, la entidad consideró positivo que se establezca un tope al aumento posible luego del término del contrato, en consideración a la inflación.
“No es la solución, pero es un paso hacia esa solución. El tope del aumento de renta en ese primer año también nos parece importante controlarlo y hacerlo en consideración a la inflación. Entendemos que esto es una medida de justicia también para aquellos caseros que estén preocupados por sus ingresos”, explicó Godreau Aubert.
En cuanto al asunto de los desahucios, indicó que establecer garantías adicionales a este proceso es urgente para atender la crisis de vivienda, por lo que solicitó que el Proyecto 1242 adopte algunas enmiendas en las propuestas relacionadas con este tema.
La licenciada informó que durante el 2021 se completaron 756 procesos de desahucio. Mientras, de enero a marzo de 2022 se habían registrado 260 casos por lo que señaló importante armonizar la pieza legislativa con las disposiciones del Código Civil con relación a la resolución del contrato de arrendamiento.
La directora también mostró preocupación con la redacción de un inciso respecto a molestias mayores es riesgosa para personas atravesando situaciones de violencia doméstica, pues opinó que esta disposición puede ser un disuasivo para que víctimas reporten la agresión o servir como justificación para que arrendadores desalojen a sobrevivientes en atención a la conducta ilegal propia de un patrón de violencia doméstica.
Viequenses denuncian desplazamiento
La Colmena Cimarrona, organización comunitaria con sede en Vieques, compareció a la vista pública en un reclamo de que se atiendan propuestas para evitar el desplazamiento que actualmente viven los residentes de la Isla Nena.
Entre ellas, un programa de reocupación de viviendas abandonadas para residentes de Vieques que pertenecen a la clase trabajadora; legislación para limitar el acaparamiento de terrenos y, por ende, la especulación; y legislación para regular los alquileres a corto plazo.
De igual forma, la entidad propuso la otorgación de incentivos para que viequenses estudien carreras necesarias en la isla municipio con el fin de que puedan tener una oportunidad real de empleo y no se vean desplazados.
“El desplazamiento de los viequenses es evidente; lo vemos y sentimos en situaciones cotidianas. Este desplazamiento llega con la gentrificación y la imposición de idioma y cultura extranjera”, manifestó la antropóloga e historiadora Marie Cruz Soto, en representación de La Colmena.
“Entendiendo que el problema de la vulnerabilidad viequense y puertorriqueña es histórica y sistémica, que no es nueva ni es coincidencia, se deben pensar en mecanismos que protejan a comunidades vulnerables de las manifestaciones más duras del capitalismo racializado y el colonialismo”, sostuvo la portavoz.
