(El Capitolio) — El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy, durante la Sesión Ordinaria, información al director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés.
Esta solicitud surge a raíz del Proyecto del Senado 273, de la autoría de Rivera Schatz, el cual propone “transferir las funciones de conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles, así como los activos y funciones de custodia de arte que actualmente están bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y para otros fines relacionados.”
Al respecto, Rivera Schatz expresó que la medida busca transferir la responsabilidad administrativa del ICP sin quitarle esa responsabilidad y la defensa que merece la propiedad mueble y todo lo que representa el ICP al gobierno de Puerto Rico
“Vamos a ver, cuando tengamos esta información, cómo ha sido este desempeño en los últimos cinco años, quién ha sido el enemigo número uno de la cultura de Puerto Rico, quién ha sido el enemigo número uno del patrimonio, dejándolo decaer, de deteriorarse, y cerrando con facilidad. Vamos a ver cuando llegue esta información si lo van a plantear, porque ciertamente pretender encapsular el patrimonio de Puerto Rico, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra cultura, no ha sido correcta”, sentenció el presidente del Senado.
Por su parte, el senador independiente Eliezer Molina respaldó la solicitud de información al ICP. “Todo lo que ha ocurrido en los pasados años, el Instituto de Cultura ha estado envuelto. Yo no creo que el Instituto de Cultura tenga un registro bien documentado… Me parece que hay que buscar eficiencia, no destrucción. Llegó el momento de que se exija cumplimiento a nuestra agencia para que, con la eficiencia arreglemos el destino de nuestro país”, manifestó Molina.
La petición del presidente del Senado subraya que “la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la administración de propiedades y bienes culturales es esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública. En ese sentido, esta solicitud busca obtener información específica sobre las finanzas, contratos, bienes inmuebles, proyectos culturales y fondos federales administrados por el ICP.” El director ejecutivo del ICP tiene un término de quince (15) días laborables para entregar la información requerida.
Entre la documentación requerida se encuentra: el total del presupuesto asignado al ICP; el presupuesto de nómina y contratos; un desglose por año desde el 2018 detallado del uso de fondos federales recibidos; copia de contratos o cualquier tipo de acuerdo con instituciones para el uso, préstamo o custodia de piezas, obras, artefactos, entre otros; un listado de todas las propiedades inmuebles propiedad o bajo su tutela; un informe de todos los viajes realizados en los últimos cinco (5) años; entre otra información de interés.
Finalmente, Rivera Schatz enfatizó que el propósito de la medida no es politizar el asunto, sino mejorar la eficiencia de la institución. Asimismo, sostuvo que “se ha tratado de politizar este asunto, por sencillamente querer lograr unas eficiencias y unas capacidades que, hasta el día de hoy, la institución cultural, ha demostrado que no tiene”.
Aprobación del Proyecto del Senado 61
Durante la sesión, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 61 que enmienda los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la Ley 166-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad”; a los fines de ampliar sus disposiciones; realizar enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.
La medida, presentada por Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve como coautora, dispone ampliar las opciones de empleos en el sector privado para los confinados. De igual forma, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mantendrá en conjunto al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos un inventario de plazas de trabajos disponibles en el Sector Privado para que estos puedan reinsertarse en la libre comunidad.
“Este proyecto es relativamente sencillo, persigue una finalidad importante, como el derecho al fin de la rehabilitación. Nuestra política pública, establecida primeramente en nuestra Constitución, establece que nuestro sistema penal deberá propiciar la realización humana y social de las personas privadas de libertad. […] Con este proyecto de ley, lo que se pretende es que también el sector privado pueda contratar a las personas privadas de libertad para la realización de una diversidad de tareas”, expresó Rodríguez Veve.
Como parte del debate legislativo, se incorporó una enmienda propuesta por la senadora María de Lourdes Santiago para garantizar que los confinados reciban el salario mínimo estatal y condiciones laborales justas en el sector privado. “En el caso de contrataciones por el sector privado, se garantizará a confinadas y confinados el pago del salario mínimo estatal y otras condiciones de trabajo aplicables a la industria o sector económico”.
La senadora Roxanna Soto Aguilú enfatizó la importancia de extender estas oportunidades a confinados de todas las categorías de seguridad. “Estos programas deben estar disponibles para confinados de máxima, mediana y mínima seguridad, no solo para aquellos en programas de pase o con restricciones menores”, subrayó.
El proyecto permite que el DCR contrate con entidades privadas, con o sin fines de lucro, para emplear a confinados en diversas labores, incluyendo agricultura, ornato, construcción, ebanistería, tapicería, costura, soldadura, mecánica, imprenta y reciclaje.
Evaluación de Nombramientos
El presidente de la Cámara Alta anticipó que el próximo sábado, 1 de febrero se realizará una vista pública para atender los nombramientos de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón. La misma será a las nueve de la mañana, en el Salón Leopoldo Figueroa en el Senado.
Los nombramientos que se atenderán son los jueces del Tribunal Supremo, el licenciado Raúl Candelario López y la licenciada Camille Rivera Pérez; el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo; el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja; el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard; y la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)., María del Mar Mateu.
A la misma, están citados los miembros de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos; la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y la Comisión de Educación, Arte y Cultura.
