Presidente del Senado anuncia ofensiva legislativa sobre tema del estatus político exigiendo respuestas al Congreso federal sobre la validez de la votación, el impacto de las contribuciones federales en la economía y anuncia la creación de una Comisión Especial de Estatus.
Asimismo, José Luis Dalmau Santiago requerirá a la Junta de Supervisión Fiscal un análisis sobre el efecto en la reestructuración de la deuda en caso de un cambio de estatus; eliminará el uso de fondos públicos para pagar salarios de emisarios estadistas y solicitará a la comisionada residente la entrega del plan de transición a la estadidad que se supone haya hecho público hace dos meses
San Juan – Con un reclamo a que el Congreso de los Estados Unidos le hable claro al pueblo de Puerto Rico sobre el tema del estatus político, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció hoy una ofensiva legislativa que abrirá la discusión de este importante tema en ese cuerpo legislativo.
El plan de acción de Dalmau Santiago incluye: la radicación de dos Resoluciones Concurrentes para requerir expresiones del Congreso y la Junta de Supervisión Fiscal sobre posibles implicaciones en un cambio de estatus; la eliminación del uso de fondos públicos para pagar salarios a emisarios estadistas; el establecimiento de la fecha del 3 de noviembre del 2021 como fecha de vencimiento del acta de admisión prometida por la pasada administración y otra Resolución para la creación de una comisión especial sobre estatus político, la cual tendrá a su cargo examinar todos los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas y los modelos de transición de cada una de las fórmulas de estatus.
“Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus. De hecho, el Informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre $6,000 millones en aumento de contribuciones y la reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico. Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros y el plan de ajuste de deuda, porque los fondos federales que llegarían, no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto”, expresó el líder senatorial en un mensaje especial difundido por diversos medios de comunicación.
“Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y con absoluta transparencia. Este tema no puede tomarse a la ligera ni verse desde la óptica partidista para complacer a las gradas. Por eso, ante la ausencia de datos y de respuestas, hoy les anuncio que, como Presidente del Senado, estaré tomando acciones concretas sobre este asunto.”, expresó.
En su mensaje, Dalmau explicó que el Artículo 4.2 de la ley que viabilizó la consulta, establece que de ganar el “SI” – como en efecto ocurrió – se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con la radicación de un plan de transición que, se supone, radicara la comisionada residente hace dos meses.
Más aún, el presidente senatorial explicó que la ley aprobada por el PNP dispuso una fecha de vencimiento para la aprobación de un acta de admisión. El referido artículo dispone que el resultado de la votación: “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2020”.
“Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del SI está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales – por si no lo sabían – ya solo les restan 8 meses y una semana. Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias”, sostuvo Dalmau Santiago en su mensaje.
A esos efectos, Presidente senatorial advirtió que “de conformidad a la ley habilitadora, el término de un año que impuso la administración pasada al Congreso será – para los efectos de esta Asamblea Legislativa – un término fatal de legitimidad de esa votación; por lo que la inacción del Congreso o la no-aprobación final de una medida a esos efectos, será interpretada por esta Asamblea Legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación”.
Asimismo, el dirigente senatorial sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso y pagarles sus salarios, nunca fue consultado en la papeleta de votación por lo que, al carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, se ordenará la reducción de $1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.
“Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la Capital federal para hacer el trabajo que se supone haga su Comisionada Residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, señaló el Presidente del Senado.
Sobre las medidas legislativas, Dalmau Santiago radicará una Resolución Concurrente – que es una expresión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico – para reclamarle al Congreso de los Estados Unidos que se exprese claramente y responda cinco preguntas específicas sobre el proceso de transición hacia la estadidad. Estas son: el impacto de las contribuciones federales en la economía; si el resultado tiene el aval del Departamento de Justicia federal; además, si un 52% es un mandato suficiente para anexarnos; si se le requerirá a Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación como ocurrió con Alaska y Hawaii antes de su admisión; y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a los Estados Unidos.
A la Junta de Supervisión Fiscal se le requerirá un memorando formal para saber si en el diseño de los planes fiscales y de ajuste de deuda – que comprometen recursos por cuatro décadas – se contempló un cambio de estatus que reducirá los ingresos al fondo general, que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la nómina, los sistemas de retiros y los acuerdos de pago de deuda.
