El presidente de la Comisión del Salud del Senado, Rubén Soto Rivera insistió en que el Ejecutivo tiene el poder para atajar la crisis de salud que atraviesa el País y que puede “ponerle el cascabel al gato” para frenar las aseguradoras, que son, según los citados, la piedra de tropiezo.
“Aquí el Ejecutivo tiene poder y potestad de atender esta crisis de salud que nos afecta. Hemos visto en este segundo día de vistas públicas que realizamos en la Comisión de Salud para investigar esta crisis un denominador común entre los deponentes que hemos citado: las aseguradoras estrangulan los servicios de salud que se le ofrecen a los pacientes. La prioridad del Gobierno y de esta Asamblea Legislativa debe ser frenar y poner controles a las aseguradoras y planes médicos”, expresó el también senador por el Distrito de Arecibo.
Las expresiones del senador se dan luego de haber escuchado las ponencias del Dr. Israel Ayala, director médico de la Sala de Emergencias de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), en representación del director ejecutivo Lcdo. Jorge Matta, y del Dr. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos donde ambos enfatizaron que son las aseguradoras pieza de tropiezo en la crisis de salud que enfrenta la Isla.
A preguntas del senador Soto Rivera a los representantes de ASEM sobre quién del Ejecutivo, si alguno, pone las reglas de juego con las aseguradoras, Ayala contestó que las aseguradoras tienen poder, y que es necesario generar leyes que le den herramientas a ASEM para poder tener espacio en la negociación de tarifas a pagar, pues según el galeno, las aseguradoras se aprovechan de que Centro Médico atenderá todo tipo de paciente sin importar el seguro médico que tengan.
“El hecho de que todos sabemos que en el Centro Médico todo paciente va a ser atendido y tratado es una ventaja para el pueblo y un beneficio para los más indigentes. Pero en términos económicos, el único que se beneficia del servicio que ofrecemos son los planes médicos que no pagan tarifas justas por les servicios que ofrecemos en nuestros hospitales públicos tomando ventaja de que en el Centro Médico no le vamos a negar el servicio a ningún paciente que lo requiera, independientemente de cuan costoso pueda ser dicho servicio y tratamiento. Los planes médicos saben que paguen lo que paguen, siempre vamos a tratar a sus pacientes y nunca vamos a negar el servicio. De esta realidad los planes médicos se aprovechan y abusan del sistema”, puntualizó.
El presidente de la Comisión requirió información sobre las gestiones que ha hecho la gerencia de ASEM para presentar al gobernador Pedro Pierluisi la situación crítica de los hospitales del Centro Médico, que tienen un déficit acumulado actual de $438 millones.
“El licenciado Matta se ha reunido con el Gobernador y con la Junta de Control Fiscal”, respondió la licenciada Michelle Agostini, asesora legal de la ASEM.
Soto reiteró que el poder Ejecutivo tiene que establecer las prioridades en cuanto a la salud respecta.
“Desde arriba no hay prioridades, no las hay. Cuando uno escucha que el propio ASEM le ha dicho al Estado cuáles son sus necesidades, que son las aseguradoras la piedra de tropiezo y aun así se ve lo que estamos viendo con el colapso del sistema de salud, sabemos que para este Gobierno la salud no es prioridad. Este servidor condicionó votar a favor al presupuesto si la partida asignada a Salud se autorizaba. Hay que verificar si lo que pidió ASEM en ese presupuesto se le dio tal y como estaba o si alguien de más arriba le puso la mano”, sentenció Soto Rivera.
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el Dr. Carlos Díaz, expresó, a preguntas del senador Soto, que debe crearse legislación para que las aseguradoras no intervengan con el criterio médico al momento de establecer un tratamiento o medicamento al paciente.
“No debe haber restricciones. Las aseguradoras no deben interferir con el criterio médico cuando es el estándar que garantiza la ciencia médica. Por legislación no puede interferir con el criterio médico”, insistió.
De igual modo, el licenciado Víctor García San Inocencio, asesor legal del Colegio, denunció que es hora de ponerle el cascabel al gato.
“No se puede interferir con el criterio médico y se acabó el abuso”, puntualizó al insistir que las medidas que se tomen deben ser “concretas y tajantes”.
A la vista también compareció la licenciada Raquel Vera, asesora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), quien reconoció que en la corporación pública hay unos 60 empleados de los que solo cinco componen el Área de Cumplimiento, que es donde se atienden las querellas contra las aseguradoras.
“Nuestra directora ejecutiva (Edna Marín) está consciente del poco personal y está pendiente de reclutar”, explicó mientras comentó que la ASES solo tiene dos oficiales examinadores.
El presidente de la Comisión preguntó sobre cuántas querellas tiene la agencia; a lo que la deponente Vera dijo que “ASES del 2018 al 2022 se han recibido alrededor de 12,800 reclamaciones”. Asimismo, dijo que actualmente hay dos oficiales examinadores para atender las querellas.
Soto Rivera puntualizó que el propósito de las vistas es para tener soluciones a esta crisis que atravesamos.
“Con estas vistas se pretende buscar una solución permanente, no poner parchos para en dos o tres años volver a lo mismo. Si se entiende que se puede enmendar una ley o hacer alguna legislación nueva, se hará. Los senadores y representantes de las cinco delegaciones tenemos la responsabilidad de responder a todos los pacientes. Si mientras estamos de campaña, le hablamos al pueblo de que la salud es importante, de que necesitamos mejores servicios médicos, de que los tratamientos van a estar. Hay que poner la acción donde se pone la palabra y atender con premura esta crisis”, concluyó.
