(El Capitolio)-Buscando ayudar para que la clase trabajadora pueda adquirir una unidad de vivienda presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto con la presidenta de la Comisión de Vivienda de dicho cuerpo legislativo, Omayra Martínez, radicaron el Proyecto de la Cámara 359 el cual detalla el uso de una serie de incentivos dirigidos a fomentar el desarrollo de nuevos hogares en los casco urbanos.
“En Puerto Rico existe una necesidad apremiante de nuevas unidades de vivienda. Mirando las opciones que más ágil permita viabilizar una residencia, uno de los sectores que se entiende cuenta con ese potencial son los cascos urbanos. Estos centros han sido impactados por los cambios sociales de las últimas tres décadas y ahora existen muchas estructuras en desuso que pueden ser rehabilitadas con el fin de desarrollar hogares para la clase trabajadora, al igual que adultos mayores. Esta medida va enfocada a eso”, comentó el Presidente Cameral.
“La Ley 182-2024, mejor conocida como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico’, establece unos parámetros para impulsar el desarrollo de viviendas en los tradicionales cascos urbanos. Sin embargo, necesitamos implementar una serie de disposiciones que permitan agilizar los procesos y establecer garantías de uso. Este proyecto, por ejemplo, deja claro que las propiedades a ser utilizadas para vivienda con estos incentivos son las declaradas estorbos públicos, abandonadas y solo se incentiva después de haberse realizado un estudio de necesidad de vivienda en el sector. Esto provee salvaguardas para que la clase trabajadora de Puerto Rico pueda tener una oportunidad para comprar una casa”, explicó Martínez.
“Esta es una medida necesaria. En estos momentos, según datos disponibles, se construyen alrededor de unas 65 nuevas casas todos los meses. Con los atrasos en permisos, que es algo que la Gobernadora y el Presidente estaban trabajando para agilizar, se aumentan los costos de materiales y, ante la realidad de la falta de mano de obra, se retrasa aún más todo el proyecto. Con esto, es más fácil rehabilitar unidades, lo que a su vez bajan los costos finales”, añadió Martínez.
La medida establece, entre otras cosas, un tope máximo de hasta $750,000 por la compra de una vivienda y un límite de hasta $5,000.00 por arrendamiento. Por otra parte, únicamente se podrá utilizar el incentivo de compra una sola vez por desarrollo.
La inversión de los desarrolladores en los proyectos será igual o mayor a un millón de dólares, excluyendo el costo pagado por la propiedad a rehabilitarse.
Se estima que en Puerto Rico existe una necesidad de alrededor de 50,000 nuevas viviendas. El costo promedio de una unidad residencial nueva es de $361,863 (circa diciembre 2024), cifra que representa un aumento de 16.5 por ciento en comparación con el 2023.
La Ley 182-2024 establece un crédito contributivo por inversión de hasta el 40 por ciento de dicha inversión durante un periodo que se puede extender por 7 años.
