El Capitolio – El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves, reiteró su compromiso de buscar alternativas para hacerle justicia a los servidores públicos y de velar por el cumplimiento del gobierno con la Ley 80 para el programa de retiro incentivado.
“Seguimos enfocados en conocer la postura de las diferentes agencias de gobierno sobre la RS32, con el fin de que se identifiquen las alternativas reales para cumplir con la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos. Hoy escuchamos al personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), así como el personal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Estamos comprometidos con los servidores públicos, por lo cual auscultaremos todas las alternativas para hacerles justicia”, enfatizó el senador y presidente de la Comisión, Ramón Ruiz Nieves.
Durante la audiencia pública, la Comisión de Gobierno atendió la Resolución del Senado 32, la cual tiene como propósito conocer cuáles serán las alternativas y los planes implantados o proyectados por el gobierno para cumplir con la Ley 80 – 2020, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos. Según se establece en la exposición de motivos de la pieza legislativa, la Ley 80-2020 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el presupuesto del gobierno central y los municipios, dentro de sus gastos de nómina mensualmente. Sin embargo, se estima que unos 17,000 empleados públicos del Gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990, podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato específico de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana, cuáles son empleados esenciales, el costo para sustituirlos, de ser necesario, así como los servicios afectados.
En la vista pública salió a relucir que los datos solicitados a las agencias citadas a deponer, aún no está del todo elaborada, por lo que el senador Ruiz Nieves expresó que “esa data tenía que existir, no que se iba a recoger” para así garantizar que se lleve a cabo la implementación de la Ley 80-2020.
“Debemos indicar que las agencias que habían solicitado prórroga pudieron, oportunamente, completar y entregar la información solicitada. Según la información suministrada el martes 9, de marzo de 2021, el total de solicitudes radicadas ascendieron a 10,545. En estos momentos la OGP se encuentra en el proceso de revisión, depuración y tabulación de la información provista por las agencias. Igualmente, la ASR se encuentra validando que la información provista sea certera. Al culminar este proceso se les estará presentando a la JSAF los hallazgos recopilados para que estos evalúen si la implementación de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal Certificado”, manifestó el asesor legislativo, Roberto Rivera Báez, quien estuvo en representación del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia.
Por su parte, Jean Peña Payano, special advisor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en representación del director de la AAFAF Omar Marrero, expuso que “la AAFAF se reafirma en su compromiso inquebrantable de lograr los esfuerzos que redunden en el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico. [Sin embargo], en estos momentos, la Junta de Supervisión Fiscal le ha impedido al gobierno de Puerto Rico la implementación de la Ley 80-2020 en beneficio de nuestros trabajadores”.
A preguntas del senador Ruiz Nieves a los deponentes, de si están dispuestos a defender las leyes que garantizan un retiro digno para los servidores públicos los representantes de las agencias de OGP y AAFAF respondieron que darán la lucha para la implementación de la Ley 80.
