(San Juan PR, 27 de enero del 2025).-La Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes presentó hoy un paquete de medidas dirigidas a establecer que no se pueda discriminar a nadie por razón de su estatus migratorio en el ámbito laboral, y para detener la Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mediante la cual pretende eliminar la ciudadanía americana por nacimiento.
“Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en Puerto Rico es alarmante, y nos preocupa la inacción del gobierno de Jenniffer González. Ante este escenario, estamos radicando varias medidas con el fin de combatir todos estos atentados del gobierno de Trump que nos afectan directamente”, manifestó el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago.
El Proyecto de la Cámara 274 modificaría varias leyes locales, como la Ley 45-1998 y la Ley Núm. 100, para incluir el «estatus migratorio» como categoría protegida contra el discrimen en el ámbito laboral, alineando las leyes de Puerto Rico con estándares federales, y garantizando igualdad de oportunidades en el empleo para todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
También se radicó la Resolución Conjunta 38, que ordena al Procurador General de Puerto Rico unir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como demandante, junto a la coalición de estados y entidades que están demandando, para que se bloquee de forma inmediata la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento; para solicitar se declare inconstitucional dicha orden y se garanticen los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos.
“La orden ejecutiva del presidente Trump establece no reconocer la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. Sin embargo, ese derecho está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece que -Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen-“ señaló el portavoz alterno, Domingo Torres García.
“Esta orden ejecutiva podría tener un impacto significativo en la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. Reconocemos la aportación del inmigrante en la vida social, económica y política del país. Además, es nuestra responsabilidad garantizar la protección de sus derechos constitucionales y asegurar un trato digno. Por ello, exigimos de las autoridades el respeto por los derechos humanos de todos los residentes de Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio”, sostuvo por su parte el representante Ramón Torres, quien durante el día de ayer reclamó al Gobierno de Puerto Rico a unirse al pleito.
“El Procurador General de Puerto Rico debe alzar su voz y unirse a la coalición de estados y entidades que están demandando para que se bloquee de forma inmediata la orden ejecutiva que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, se declare inconstitucional dicha orden y se garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden.”, añadió Torres.
