El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR) de no designar un FEI en un caso relacionado con Francisco Pares Alicea, secretario del Departamento de Hacienda.
El Departamento de Justicia refirió al PFEI el informe de una investigación preliminar realizada, luego de recibir una querella del Lcdo. Orlando José Aponte Rosario, en la que imputó al titular de Hacienda participar en una actividad política. Tal intervención, según expuso el querellante, se llevo a cabo a través de un programa de radio pagado con fondos de campaba política para la reelección del representante Urayoán Hernández Alvarado.
La investigación preliminar del DJPR indica que el licenciado Aponte Rosario fundamentó su alegación en la Ley 178-2001, que establece que ciertos funcionarios del gobierno no participen en actividades político-partidistas, entre otros, el Secretario de Hacienda.
En el informe de referencia, se concluye que, si bien es cierto, que el programa radial “Urayoán 2020” era uno de naturaleza político-partidista, “no es menos cierto, que las expresiones realizadas por el Secretario de Hacienda en esa entrevista, estuvieron dirigidas unicamente a informar al pueblo en torno a los incentivos económicos aprobados para atender la situación de emergencia con motivo del COVID-19. Y que dicha implementación era de la injerencia absoluta del Departamento de Hacienda”.
Agrega el informe preliminar que se consideran justificadas y razonables las acciones del Secretario de Hacienda, sobre todo en el momento de emergencia que vivía Puerto Rico en abril de 2020 debido al COVID-19. Por ello, se descartó que al Secretario pudiera vincularse con las prohibiciones de la citada Ley 178.
La Resolución del Panel expresa que la secretaria interina del Departamento de Justicia, Lcda. Inés del C. Carrau Martínez considera que el Secretario de Hacienda no incurrió en conducta criminal bajo nuestro ordenamiento jurídico y ante ello no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente.
“Evaluada en su totalidad la información recopilada y la amplia investigación realizada por el Departamento de Justicia, acogemos la recomendación de la Secretaria Carrau Martínez y ordenamos el archivo definitivo de este asunto, sin trámite ulterior”, concluyó el Panel en su resolución.
