Con la aprobación por parte de la Legislatura del P. del S. 274, el gobernador Pedro Pierluisi tiene bajo su consideración la firma de la medida que busca crear un rango de prioridades al destinar un nuevo uso a una escuela cerrada. Según la medida, se priorizarán los usos públicos, municipales y comunitarios al momento de disponer de un plantel. El P. del S. 274, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez y con amplio apoyo de senadores novoprogresistas, propone un proceso uniforme, con sensibilidad hacia la comunidad, pero sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado.
El proyecto de ley implementa medidas para atender señalamientos identificados por una investigación publicada en el 2020 por la Universidad de Berkeley, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico.
Dicha investigación, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 al 2019 únicamente se vendieron diez planteles por un total de $4.1 millones y se arrendaron sólo 113 de un total de 673 escuelas cerradas. Similarmente, en el pasado mes de septiembre la Oficina del Procurador del Ciudadano publicó una investigación con hallazgos que incluyen la identificación de documentos dejados en los planteles con data sensitiva y personal, propiedad y equipo público abandonado y utilidades públicas sin desconectar en varios planteles alrededor de Puerto Rico.
“El proceso actual de disposición de escuelas cerradas y concesiones de uso no está atendiendo las necesidades de nuestras comunidades», indicó Alicia Díaz Santiago, abogada del CRH. “Y lo triste es que mientras pasa el tiempo, se siguen deteriorando estas facilidades. Esto afecta directamente la calidad de vida de las comunidades aledañas y municipios.”
Actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la Ley Núm. 26-2017, la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público. Originalmente, el Gobierno de Puerto Rico justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público. “Sin embargo,” añadió Díaz, “esto no ha pasado. La pérdida de fondos y activos públicos ha sido monumental y se ha lacerado la educación de miles de niños que se vieron afectados por el cierre de sus escuelas, muchas de las que han quedado en el abandono total y hasta perturbando la paz de las comunidades”.
